Las empresas mixtas del Ivvsa no tienen presupuesto

Francisco D. González, Alicante El urbanismo de sandía y el ladrillo verde que Esteban González Pons propugnó en la etapa en la que lideró la Conselleria de Territorio comenzaron por remover los cimientos de la obra de Rafael Blasco al frente de este área. Ahora, el departamento de Urbanismo encabezado por José Ramón García Antón prepara un nuevo rumbo para la política de vivienda con la eliminación de las empresas públicas que cuentan con capital privado y cuya actividad era la promoción de vivienda protegida.
Esta fórmula de sociedad mixta, creada por Blasco en sus años de conseller de Territorio, consiste en crear empresas con capital público en colaboración con inversores privados - grandes constructoras y gestores de suelo - , para garantizar la promoción y acceso a la vivienda protegida, así como la realización de proyectos urbanísticos.
La iniciativa de Blasco ya ha desaparecido de los presupuestos para el próximo ejercicio. Las cuentas de 2008 no han consignado partida presupuestaria alguna para ninguna de las tres sociedades mixtas del Consell, en las que a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), la Generalitat posee una participación en su capital social del 51%. Estas sociedades son Sòl i Vivendes Valencianes SA, Sòl i Vivendes del Mediterrani SA, y Nuevas Viviendas Valencianas SA, y disponen de un capital social de 6.000.000 euros, 6.000.000 euros y 100.000 euros, respectivamente. Infracción A juicio de la portavoz de Vivienda del PSPV, María José Salvador, la decisión de la conselleria supone una marcha atrás ante las dudas de la Comisión Europea (CE) por una posible vulneración de la normativa europea en materia de contratación pública. Y es que Bruselas ha puesto en tela de juicio los procedimientos utilizados por el Ivvsa para seleccionar a los socios privados de las empresas mixtas público-privadas para la realización de proyectos urbanísticos.
En este sentido, la CE ya ha iniciado un procedimiento de infracción con el envío de una Carta de Emplazamiento al Gobierno español. En dicha carta, la Comisión pide al Ejecutivo central que investigue una eventual infracción en la adjudicación realizada por el Ivvsa de contratos públicos para la ejecución de los Programas de Actuación Integrada (PAI), a ciertas sociedades privadas sin respetar las Directivas 93/37 y 92/50.
El Ivvsa ha presentado en los últimos años a través de sus empresas mixtas varios macroproyectos urbanísticos en la Comunitat Valenciana. Una de las sociedades en las que participa el Ivvsa, aunque con una participación del 49% de su capital social, es Tarea Promotora Valenciana SL, coparticipada en un 51% por el Grupo Ortiz. Esta sociedad mixta logró la adjudicación de un plan urbanístico de 10.000 viviendas en Manises.
Asimismo, el Síndic de Comptes en su último informe alertó de que el Ivvsa vendió cuatro parcelas en 2005 a empresas mixtas por debajo de su precio de mercado y sin concurso.
Es el propio Ivvsa el que pone de manifiesto este giro en la política de Vivienda de García Antón. Entre sus objetivos y acciones a desarrollar durante 2008 ya no contempla, como si hacía un año antes, «la creación de sociedades de capital mixto con los sectores empresariales y financieros para implicar a éstos en la consecución del Plan de Acceso a la Vivienda» .