Vicente Aupí, Valencia Por el momento, las perspectivas de reanudación de las obras son escasas a corto plazo, ya que según ha podido saber Levante-EMV de fuentes seguras, al tratarse de un contrato en régimen de concesión, el sobrecoste que acarreará la modificación de las obras debe contar con el visto bueno de la Conselleria de Economía, y no sólo de la Conselleria de Infraestructuras, de la que depende el proyecto y cuyo equipo es el que negocia un intento de acuerdo con la unión de empresas adjudicataria, que lidera la constructora Sacyr.
De acuerdo con el pliego de la adjudicación, las empresas que se hicieron con el contrato deben invertir un total de unos 450 millones de euros a lo largo del periodo de concesión, inicialmente fijado en 35 años. De esa suma total, aproximadamente unos 200-220 millones -en torno al 50%- corresponden a las obras de ampliación a tres carriles de cada calzada entre el enlace con el bypass y la Pobla de Vallbona, al desdoblamiento y conversión en autovía del tramo de carretera entre Llíria y Casinos y a la nueva carretera desde Casinos hasta Losa del Obispo.
El resto del importe se destina a otras actuaciones como zonas de servicios que jalonarán el trazado de la autovía y al mantenimiento y explotación de ésta durante el periodo de concesión. En contrapartida al desembolso de la concesionaria, la Generalitat abonará a la misma un canon anual -el peaje en sombra, que no paga directamente el usuario, sino la administración- cuya cuantía dependerá del número de vehículos que utilicen la autovía.
Sin embargo, en los medios consultados ayer por este diario se da por hecho que el presupuesto de las obras tendrá un sobrecoste respecto a los 200-220 millones inicialmente estimados. El modificado que se negocia ahora entre Infraestructuras, el departamento que dirige actualmente Mario Flores, y el grupo adjudicatario encabezado por Sacyr, atañe directamente a este punto y es el que ha desencadenado la paralización del proceso constructivo. Todo apunta, además, a que las constructoras no reanudarán la ejecución hasta que este punto esté resuelto, incluida la ratificación del modificado por parte de la Conselleria de Economía. Según diversas fuentes, en un concurso de obra normal, el visto bueno de Economía sólo sería necesario en el supuesto deque el sobrecoste supere el 20% del presupuesto, pero en este caso también es necesario incluso por debajo de ese porcentaje dado que se trata de un contrato en régimen de concesión -peaje en sombra- y, por tanto, las cifras económicas de la inversión por parte de las constructoras afectarán posteriormente a la cuantía del canon que, una vez se inicie el régimen de concesión, tendrá que abonar la Generalitat. En este sentido, la negociación de los términos puede afectar tanto al importe del canon como al plazo para la amortización de las inversiones.
La situación, en cualquier caso, fue calificada este fin de semana como «compleja y delicada» por diversas fuentes, ya que la paralización de las obras puede dilatarse varios meses. En estos medios se considera imposible que las obras concluyan las próximas navidades, que es el plazo que la Conselleria de Infraestructuras tenía como objetivo inicial.
IMPRIMIR PÁGINA »
AUMENTAR TEXTO »
