Al margen de la irregularidad del procedimiento de contratación, la Junta de Personal alertó ayer del peligro de que miles de expedientes y datos confidenciales pasen por manos privadas. El personal contratado mediante asistencias externas realiza tareas propias de los funcionarios, como la elaboración de informes de impacto ambiental, valoración de procesos de adjudicación, inspecciones agroalimentarias, valoración de situaciones de dependencia, resolución de ayudas a la vivienda etc. Estos empleados, además de usar recursos públicos (ocupan físicamente los centros de trabajo de las conselleries, usan sus ordenadores, teléfonos y fax, etc.) realizan trabajos que están reservados al personal funcionario y tienen acceso a datos privados sin que estén obligados a guardar la confidencialidad de los mismos, como sí ocurre con los funcionarios. Para los sindicatos, además, existe el riesgo de que los procedimientos administrativos en los que participan estas personas sean nulos de pleno derecho, tal como ocurrió en su día con las multas de la ORA, porque no iban firmadas por el agente público.