El ministerio sanciona a la Generalitat al constatar «cesión ilegal» de trabajadores

La Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha sancionado a la Generalitat por una «infracción muy grave» por irregularidades en la contratación de personal. En concreto, la Inspección, después de la correspondiente investigación, ha «constatado la existencia de cesión ilegal de trabajadores» entre la empresa Transformación Agraria, SA (Tragsa) y la extinta Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones en unidades de la hoy Conselleria de Gobernación.

Julia Ruiz, Valencia
Se trata de personal que presta sus servicios en la conselleria, pero que cobran de la firma Tragsa. El expediente sancionador, que no lleva aparejado multa económica porque recae en una administración pública, se produce como consecuencia de las denuncias de la Junta de Personal y Servicios Centrales y Territoriales de la Generalitat sobre contratación irregular de empleados públicos y aumento encubierto de la plantilla.
Tal como avanzó Levante-EMV hace casi un año, el asunto está siendo investigado también por la Sindicatura de Greuges. La Institución ha solicitado información a la Conselleria de Economía y Hacienda y, según ha podido saber este diario, baraja incluirla en su lista negra por bloquear su labor si persiste en su actitud de no colaboración. La Junta calcula que más unas 1.200 personas trabajan de forma anómala para la Generalitat mediante asistencias técnicas o como falsos autónomos, una cifra que podría duplicarse si se contabiliza a los becarios. Prácticamente todas las conselleries han realizado este tipo de contrataciones(que pagan a través de los capítulos II y VI, gastos de funcionamiento e inversión, respectivamente) para burlar las limitaciones que desde 2004 ha puesto Hacienda a las contrataciones de personal laboral temporal y de interinos.
De momento, la sanción de Trabajo obligará a Gobernación a regularizar la situación de sus trabajadores. Pero otros departamentos están también en la mira de la Inspección, sobre todo, la Conselleria de Medio Ambiente donde los sindicatos calculan que prestan sus servicios irregularmente más de un centenar de personas contratadas por la empresa pública Vaersa. Los casos se reproducen también en Bienestar Social, Presidencia, Agricultura y Educación.
Los representantes en la Junta de Personal -están presentes todos los sindicatos FSP, CC OO, STAPV, etc- convocaron ayer una rueda de prensa para denunciar una situación que, en su opinión, buscar crear una Administración «manejable» en la que se «reducen las funciones de los funcionarios y se amplían las del personal externo al que sí se puede dirigir» .
Los sindicatos advirtieron además que el pretendido ahorro no se produce porque estas contrataciones cuestan un tercio más a la Generalitat que, además, les presta gratuitamente recursos.