Julia Ruiz, Valencia
La Abogacía General del Estado tiene previsto interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de un mes si no se alcanza un acuerdo con la Generalitat sobre una ley que los letrados consideran inconstitucional en varios aspectos. Precisamente ayer, según confirmaron a Levante-EMV fuentes de la Conselleria de Gobernación, se mantuvo una reunión con el Gobierno central para acercar posturas. Los contactos se producen después de que en cinco meses el Consell no haya mostrado interés alguno en pactar el contenido de una norma que afecta a la vida diaria de los valencianos, ya que, entre otras cuestiones, supone la aplicación preferente de la separación de bienes en los matrimonios en lugar del actual sistema de gananciales. Está previsto que la ley entre vigor el próximo mes de abril, coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación de la nueva Carta Magna.
Sin embargo, la efeméride podría llegar sin que suponga cambio alguno para futuros cónyuges. Si no hay acuerdo y la norma acaba en el Constitucional, ésta podría quedar en suspenso. Fuentes jurídicas consultadas por este diario indicaron que es habitual en estos casos que la Abogacía General del Estado pida la suspensión cautelar de la ley mientras se resuelve sobre su constitucionalidad, lo que supondría una bofetada a las aspiraciones del Ejecutivo valenciano en materia de Derecho Foral. Cabe apuntar que la ley matrimonial debe completarse con otra ley, la de sucesiones, en fase de elaboración, y que de rebote también podría verse afectada. La reunión entre representantes de la conselleria y el Gobierno central supone un cambio de actitud por parte del Ejecutivo de Francisco Camps que en su momento mostró escaso interés en sentarse a hablar con el Gobierno central.
De hecho, se han cumplido cinco meses desde que el Gobierno central activó la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, el trámite con el que se ofrecía al Ejecutivo la posibilidad de negociar, sin que ambas partes se hayan reunido. Aunque no han trascendido el contenido de las conversaciones mantenidas ayer, todo apunta a que el Consell tendrá que renunciar a parte del contenido de la ley si quiere salvarla del litigio. Competencia discutida De hecho, el conflicto jurídico que planteó en su momento el Gobierno central es un torpedo a la línea de flotación del nuevo Estatuto, ya que cuestiona la competencia de la Generalitat sobre el derecho civil valenciano. Para el Ejecutivo central varias de las figuras aprobadas en la ley conforman «un modelo diferente de derecho civil que rige en el conjunto del país» . Y entiende que «salvo los casos históricos de comunidades que tienen, por razones forales, un derecho civil propio, el derecho civil que se aplica en todo el país es el existente a nivel estatal» . La Abogacía del Estado pone objeciones a un total de once artículos que regulan, entre otras cuestiones, figuras como la carta de nupcias, la germanía y determinados aspectos relacionados con la separación de bienes.
La ley de Régimen Económico Matrimonial fue aprobado con los votos del PP y Esquerra Unida y el rechazo de los socialistas que alertaron de la posible inconstitucionalidad del texto. Los operadores jurídicos denunciaron también en su momento fallos de calado en el texto.
