J. G. G., Valencia

La enmienda aporta «transparencia, claridad y control» en la financiación de los partidos, coincidieron. «Son costes de la democracia», alegó el síndic del PSPV, Ángel Luna, mientras Mònica Oltra, de Compromís, esgrimió que las formaciones políticas no pueden ser la «hermana pobre» en relación a otras entidades troncales del sistema como la patronal y los sindicatos que, apuntó Luna, ingresarán más. Rafael Maluenda (PP) resaltó que el pedazo de tarta presupuestaria reservada es menor a la de otros parlamentos.

Los grupos han sellado este pacto a la vez que han enterrado definitivamente el acuerdo inicial de bajar los sueldos en las Corts, así como de remitir sus contabilidades a la Sindicatura para que ésta las audite. Ayer, precisamente, se esgrimía que el Síndic o, en su caso, el Tribunal de Cuentas, podrán auditar estos fondos. A preguntas de los periodistas tras la junta de portavoces, Maluenda indicó que la medida «está claramente justificada por la propia ley del Estado y por las decisiones que tanto en el Congreso como en otros parlamentos están haciéndose», al tiempo que defendió la «necesidad» de un sistema de financiación «adecuado para los partidos políticos, para que se pueda dar información y [haya] transparencia en todo momento del dinero que reciben de fondos de la Administración». La enmienda, insistió, es «fiel trasunto de lo que a nivel del Gobierno se está haciendo y en otras comunidades también, lo que ocurre es que aquí se ha sido sumamente prudentes y la cantidad que se ha fijado es más moderada» que en otras autonomías, aseguró. No obstante, el grupo popular no pudo detallar después esa información.

«Aquí no se oculta nada, nadie se esconde sino que se da la cara», dijo, de forma que la Sindicatura de Comptes podrá realizar un «seguimiento» de las subvenciones e «incluso el Tribunal de Cuentas podrá recabar información sobre la liquidación de los importes».

«Esto no es el saco de Papá Noel»

Luna explicó que la enmienda pactada «adapta» la ley estatal de financiación de partidos a la Comunitat «utilizando la habilitación» que la propia norma otorga a las comunidades autónomas para que la desarrollen en su propio ámbito. La norma estatal, indicó, ha prohibido las «fuentes anónimas de financiación» de los partidos ya que se ha querido que ésta sea «clara, transparente y controlable». El socialista destacó que la cantidad fijada es «la menor» de las recibidas por «las instituciones que contribuyen a que funcione el entramado político institucional de la Comunitat», como son patronales o sindicatos, precisó.

«Son costes de la democracia», apuntó, puesto que, según destacó, la Constitución reconoce a los partidos políticos como «elementos fundamentales dentro del sistema», y defendió que su financiación se realice por la vía de la «transparencia con fondos públicos y controlables por el Tribunal de Cuentas».

«Esto no es el saco de Papá Noel», bromeó Mònica Oltra, quien reivindicó que la financiación de los partidos «sea pública y clara», y no «oscura y no auditable», como ocurre con las donaciones anónimas, ya que los partidos «son un pilar fundamental de nuestro Estado», tal como «está reconocido en la Constitución», por lo que «no pueden seguir siendo la hermana pobre de lo que son los agentes sociales, por ejemplo, en la configuración de un Estado de Derecho».