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Asimismo, para la organización es necesario "transformar las actuales instrucciones sobre el arreglo escolar --habilitación y supresión de aulas escolares-- en dos órdenes, una por cada titularidad, que incluya la gestión de todas las plazas sostenidas con fondos públicos tanto con respecto a centros concertados como de titularidad pública".
De esta forma, "se acabaría con la actual desigualdad producida por el hecho que las instrucciones solamente afectan a los centros de titularidad pública". Estas órdenes "tendrán que marcar las condiciones bajo las que se concede una nueva unidad o se suprime en cualquier centro sostenido con fondos públicos y garantizar que los alumnos que se incorporan a lo largo del curso lo hacen bajo el control democrático de las comisiones de escolarización y con la justicia equitativa que establece la LOE", agregaron.
Por otra parte, desde CCOO consideraron que la apertura de diligencias contra el actual director de Centros y de Ordenación educativa, Fernando Baila, a causa de una demanda interpuesta por CCOO PV por un presunto acto de prevaricación al intervenir en el proceso extraordinario de matriculación de un centro concertado, "cuestiona su capacidad política en este área dado que la -acusación es por prevaricación en la gestión de la escolarización del alumnado y ésta continúa siendo su área de influencia".
Las mismas fuentes agregaron que "como agentes sociales insistimos en declarar que la escolarización equitativa del alumnado es una demanda social básica y que su defensa figura en la LOE, de forma que el Gobierno autonómico del PP no puede sustraerse a esta exigencia".
"Hace falta pues que se pongan a trabajar y que se establezca una verdadera negociación de estas normas en el seno del Consejo Escolar Valenciano para garantizar la participación democrática y la transparencia y calidad de los servicios públicos".