EUROPA PRESS
Según explicaron, este documento, implantado en 2005, tiene como principal objetivo contribuir, desde el ámbito sanitario, a dar una respuesta integral a la violencia de género.
En este sentido, el conseller de Sanidad, Manuel Cervera aseguró que la víctima de malos tratos "necesita una respuesta coordinada entre todos los agentes que velan por su seguridad", de modo que un modelo unitario y reconocido por todas las administraciones "contribuye a garantizar sus derechos y agilizar el procedimiento".
De los datos de los informes se desprende que el 66% de las personas adultas atendidas por presunta violencia de género tienen entre 20 y 39 años de edad, el 19,6% tienen entre 40 y 49 años y el 11,2% superan los 50 años. Sólo el 3,2% de las personas adultas agredidas son menores de 20 años.
Asimismo, señalaron que más de la mitad de las personas agredidas son españolas, concretamente el 56,4%, mientras que 21,7% de los casos de presunta violencia doméstica se registraron en personas de América Latina, el 9,8% de países de Europa del Este, el 6,3% tienen su origen en personas procedentes de otros países de la Unión Europea, el 3,7% del Norte de África, y el resto son personas originarias del resto de África, Asia y Norteamérica.
Los informes reflejan también que el 44,6% de las personas agredidas están casadas o viven en pareja, el 35,1% son solteras y el 18% están separadas o divorciadas.
En cuanto a su situación laboral, el 53,9% de las personas tienen un trabajo remunerado, mientras que el 46,1% están en situación de desempleo. Además, el 41,9% están en posesión de los estudios primarios, el 36,9% de los estudios secundarios, el 11,3% había cursado estudios universitarios y el 9,9% eran personas sin titulación.
El estudio, redactado por un facultativo, constituye una prueba en este tipo de delitos, ya que se emplea como parte de lesiones, para la comunicación al sistema judicial de las observaciones y atenciones realizadas en los centros sanitarios.
Por otra parte, indicaron que el 58,5% de los casos atendidos por los servicios médicos correspondía a daños físicos y psíquicos, mientras que el 33,7% era de tipo físico, el 5,6% de tipo psíquico y el 2,2% sumaba daños físicos, psíquicos y sexuales.
Las mismas fuentes destacaron que en el total de casos de presuntos malos tratos por tipo físico y psíquico, existía un antecedente por maltrato en el 45,2%. Lo mismo ocurre en el 17% de daños físicos y el 10,4% de daños psíquicos. Sólo en el 18,4% de los informes no existían antecedentes de maltrato.
En cuanto al informe, elaborado por facultativos ante presunto maltrato, aseguraron que se trata de un modelo oficial que se remite a las instancias judiciales. A su vez, una copia se entrega a la víctima, para que la presente en caso de denuncia, otra se adjunta a la historia clínica del centro sanitario donde se prestó la asistencia y otra se remite a la Conselleria de Sanidad.
Ésta última copia, en la que no figuran los datos personales de las víctimas, se envía al Servicio de Salud Infantil y de la Mujer de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad. Este Servicio es el responsable de su estudio, en el que evalúa la evolución del problema y establece perfiles de los casos de violencia doméstica.
Además de la implantación de este informe, afirmaron que la Conselleria ha establecido en cada departamento de salud, dentro del Servicio de Atención al Paciente, la figura del coordinador. Su labor, así como la del trabajador social del centro sanitario, es orientar al paciente agredido sobre los pasos a seguir y los recursos disponibles para su protección y apoyo, tanto dentro del sistema sanitario como en los servicios sociales y judiciales, estableciéndose así la adecuada coordinación entre las distintas administraciones implicadas en violencia de género.
Por otro lado, Sanidad ha impartido cursos que abordan el problema de la violencia doméstica, de modo que los profesionales sanitarios sepan detectar y actuar ante estos casos. Estos cursos se dirigen a médicos generales de centros de salud y de servicios de urgencias, a matronas, enfermeros, trabajadores sociales y técnicos de salud pública.
Al mismo tiempo, y en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III, la Conselleria ha iniciado una línea de investigación en esta materia con el proyecto 'Violencia familiar contra las mujeres durante el embarazo: contexto social y abordaje por el personal sanitario'.
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