El bloqueo a la Ley de Dependencia obliga a los ayuntamientos a despedir 200 trabajadores

Carlos Alós, Valencia La ley de la Dependencia cumple un año desde que fue aprobada en el Congreso. Lo hace pendiente del impulso definitivo por la falta de acuerdo entre Gobierno y Consell. Los escasos avances de los últimos doce meses amenazan con caer en saco roto porque muchos ayuntamientos se han cansado de esperar al desarrollo de la norma y han optado por despedir a los profesionales que contrataron tras el verano para poner en marcha lo que se dio en llamar el cuarto pilar del Estado del Bienestar. El sindicato Comisiones Obreras cifró ayer entre 180 y 200 los profesionales despedidos por los ayuntamientos como consecuencia del bloqueo de la ley.
El pasado mes de junio, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) publicó la orden de ayudas económicas destinadas a los ayuntamientos para financiar los gastos de personal por la implantación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. Tras el verano se iniciaron las contrataciones, pero según denuncia Comisiones Obreras en las últimas semanas se han cursado unas 200 cartas de despido desde los ayuntamientos de toda la C. Valenciana y afirman que peligran las ayudas para 2008. Incertidumbre entre los afefctados La secretaria de Política Social de CC OO, Adelaida Vega, asegura a este diario que se ha despedido a profesionales «que tenían una programación ya hecha, con entrevistas ya preparadas» y lo atribuyó a las «trabas» de la conselleria a la puesta en marcha de la ley promovida por el Gobierno de Zapatero que fue aprobada con el apoyo del Partido Popular el 30 de noviembre de 2006. La situación ha aumentado también la incertidumbre entre las personas que no pueden valerse por sí mismas a causa de enfermedad invalidante, accidente o la propia vejez. Vega señaló que ha solicitado por carta una reunión con el vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino «pero no hemos recibido respuesta», remarcó Vega.
El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, insiste en que la Generalitat cumple el calendario de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y denuncia la «negativa injustificada» del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a firmar el convenio de colaboración entre ambas administraciones por el que se establece la cofinanciación de los servicios, remitido por la Generalitat en octubre.
Para el vicepresidente social «lo importante» es garantizar las facilidades para las personas con dependencia y se comprometió a mejorar las prestaciones que contempla la ley siempre que el Gobierno cumpla su compromiso de financiar el 50%. Cotino destaca que «todas las personas con ingresos inferiores a 1.000 euros cobrarán el máximo permitido y que ninguna prestación por dependencia sería inferior a la pensión no contributiva».
El conseller realizó estas declaraciones durante la inauguración del III Congreso de Cocemfe-CV Presente y futuro de la discapacidad: Por la igualdad de oportunidades, celebrado en Valencia. Durante su intervención, recordó que el Consell «ha puesto en marcha la maquinaria necesaria para la atención integral» a los dependientes, pero para avanzar «necesitamos que el Gobierno de Zapatero aporte los fondos a los que se comprometió».