Doce horas de negociación

Los negociadores del secuestro motín de la cárcel de Valencia tuvieron controlada la situación en todo momento y creyeron que podrían resolverla con sus propios recursos. La intervención del recluso Jesús Fernández Gómez, alias «el Pelao», fue fundamental en las primeras liberaciones, pero luego los secuestradores pidieron una hora de reflexión que terminó bloqueando el proceso. La intimidación de las fuerzas especiales de la Guardia Civil acabó definitivamente con el motín.

José Parrilla, Valencia Doce horas necesitaron las fuerzas de seguridad y los responsables de Instituciones Penitenciarias para acabar con el secuestro-motín registrado el pasado martes en el módulo de aislamiento de la prisión de Valencia. Para los sindicatos fue demasiado tiempo, pero los participantes en la negociación -lo dijo la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo- pusieron por encima de todo la seguridad de los tres funcionarios retenidos y de sus cuatro secuestradores.
Podían permitirse también cierta tranquilidad porque desde el principio la situación estaba bastante controlada. Según fuentes próximas al caso, los otros 24 presos del módulo, a los que les habían abierto las puertas con las llaves de los funcionarios, se recluyeron en sus celdas y dieron signos verbales evidentes de que no estaban en esto. Además, las peticiones de los secuestradores eran «ridículas». No querían ni escapar ni denunciar su situación penal. Primero pidieron droga y la presencia de un preso del módulo 7, y luego rebajaron sus pretensiones a pastillas tranquilizantes y llamadas telefónicas, todo fácilmente negociable, dijeron las fuentes.
Lo grave de la situación era que alguno de los secuestradores estaba fuera de sí -«la pelea empezó por una llamada telefónica y la situación se les fue de las manos», dijeron- y amenazaban a los funcionarios con cuatro pinchos carceleros, unas tijeras y un destornillador.
En esta situación, dijeron las fuentes, lo importante era no precipitarse ni aportar crispación, hasta el punto de que, como si de un día normal se tratase, pudieron hacer llamadas a sus familiares y les sirvieron la cena. Poco a poco Los primeros contactos los iniciaron los responsables de la prisión -subdirectora médica, jefe de servicio, director etc.- y posteriormente se incorporó un preso con peso específico dentro de la cárcel. Introducido en los círculos de delincuencia en los años 80 a raíz de la muerte de su padre en un tiroteo con la Guardia Civil, Jesús Fernández Gómez, alias el Pelao, acumula un amplio historial delictivo, con veinte condenas por atracos, lesiones, tráfico de drogas, secuestro etc. Su última detención se produjo en marzo de 2005 cuando trataba de recuperar el control del narcotráfico en la comarca de la Safor.
Es, por tanto, un delincuente respetado dentro y fuera de la prisión. Él, además, no dudó en ayudar, consciente de que su apoyo le podría reportar algún beneficio penitenciario, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de quince días está previsto el ingreso en prisión de su mujer.
Y la maniobra funcionó. Sus conversaciones con los secuestradores fueron vitales, según las fuentes, para que a las doce de la noche fuera liberado el primer funcionario, el que estaba herido con un fuerte golpe en la cara. Aprovechando esa inercia se logró 40 minutos más tarde la liberación del segundo, de manera que los responsables de la prisión creyeron que el desenlace final estaba cercano. Eso hizo, según las fuentes, que se mantuviera en segundo plano a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, que había llegado a la prisión a las once y media de la noche.
El problema fue que los secuestradores, enfrentados entre si por la forma de acabar con el motín, pidieron una hora de reflexión para aclarar ideas, espacio de tiempo que les concedieron pensando que no lo agotarían, pero que se prolongó más de lo esperado.
Intervención de la unidad especial
La presión del recluso Pedro Antonio M. R., condenado a 17 años de prisión por robo con violencia y lesiones, impedía el acuerdo definitivo, por lo que los responsables de Instituciones Penitenciarias, incluida la directora general, Mercedes Gallizo, decidieron ceder la iniciativa a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil.
Tras unos contactos previos, los mediadores de esta unidad dejaron claro que la situación no se iba a prolongar más y mostraron toda su artillería intimidatoria, así que que los secuestradores sólo pudieron exigir como contraprestación la presencia de la jueza de Picassent para que les garantizara por escrito que no sufrirían daños físicos y que serían trasladados a otras prisiones. Cumplido el trámite, el tercer rehén fue liberado y los presos reducidos.
Aunque los participantes en la negociación del secuestro-motín saben que las cosas siempre se pueden hacer mejor, en este caso aplican aquel viejo dicho de que «bien está lo que bien acaba».