J. T. , Valencia
Ayer, la dirección autonómica rectificó su discurso y el vicesecretario autonómico, David Serra, se limitó a responder que «ya se está poniendo el tema el manos de la justicia cuando se está pidiendo a la justicia que actúe» al ser preguntado por si finalmente interpondrán una denuncia.
El PP modera así su parlamento sobre las acciones legales contra De la Vega después de que el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, calificara el empadronamiento de un asunto «sin trascendencia» y rechazara que el gobierno autonómico fuera acudir a los tribunales. No habrá demanda pero Serra exigió «con el absoluto respeto que la justicia merece, que su condición de aforada no la exima para que se pueda investigar como se está investigando en el municipio de Antella». Una investigación que los populares piden que sea acometida «de oficio» por la fiscalía. La intención de su formación es «saber» lo que ha motivado a la vicepresidenta a empradronarse en Beneixida y que la justicia «aclare si la conducta es lícita» porque según manifestó David Serra se trata de una «una situación anómala» que equiparó a la de Antella. Situación a la que no restó « importancia» como sí hizo Vicente Rambla. Menos importancia concedió a los casos de alcaldes o concejales que no residen en los municipios donde gobiernan ya que «nunca se ha pedido a los candidatos que se empadronen», y afirmó que también De la Vega podría haberse presentado por Valencia sin empadronarse. Serra exigió a la vicepresidenta que «se pronuncie y responda» si después de las elecciones residirá en Beneixida y si también trasladará su domicilio fiscal.