E. P.,
Valencia
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv-Iv) aseguró ayer que el sistema de provisión de puestos de trabajo del servicio de inspección educativa responde
«cada día menos a criterios profesional y educativos»
y es cada vez
«más dependiente»
del poder político. En este sentido, señalaron que la Administración valenciana
«ha diseñado un plan para controlar»
el servicio de inspección, y con esta finalidad está
«nombrando personas afines»
. Así, afirmaron que esta situación es
«única en todo el Estado»
y pidieron al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que
«corte esta situación e inicie las negociaciones»
de un nuevo decreto de inspección educativa.
Según explicaron, hace unas semanas se celebraron las segundas oposiciones a la Inspección educativa en el periodo democrático. A este respecto recordaron que la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública liquidó los Cuerpos de Inspectores y creó el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa (Cisae), con los efectivos personales
«que en aquel momento existían»
.
También indicaron que, en su lugar, se creó la denominada función inspectora, por la cual unos docentes eran seleccionados mediante concursos de méritos para ejercer temporalmente tareas de inspección por tres años. En su opinión, en la Comunitat Valenciana la regulación normativa sobre la inspección educativa
«está totalmente desfasada»
y al gobierno
«no le ha interesado actualizarla»
.