Levante-EMV, Valencia
UGT anunció ayer que exigirá la aplicación de los criterios de incompatibilidad laboral para el personal de las fundaciones del sector público. El sindicato, desde su Federación de Servicios Públicos (FSP), valoró ayer positivamente la decisión del Gobierno Valenciano de aprobar una nueva ley que obligará a las fundaciones públicas a seleccionar su personal de acuerdo con los principios de igualdad, poniendo fin a la situación que ha permitido hasta ahora la elección a dedo de sus trabajadores, tal como informó ayer Levante-EMV.
No obstante, el secretario de Administración Autonómica de FSP-UGT, Gonzalo Fernández, declaró ayer a este diario que la iniciativa del Consell «ha dejado fuera el tema de la incompatibilidad», por lo que desde el sindicato se planteará la necesidad de introducir una enmienda en las Corts para que el nuevo texto legal incluya la imposibilidad de que el personal de las fundaciones públicas pueda trabajar en otros sitios. «Si se hace una equiparación al personal de la administración pública, lo lógico es que se haga tanto en los derechos como en las obligaciones».
Fernández recuerda que «a este tipo de trabajadores se les aplicaban los convenios de oficinas y despachos, pero ahora se hará por convenio público». Tras valorar «la sensibilidad» del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, a través de cuyo departamento se gestiona el anteproyecto de ley para la reforma, el representante sindical exigió «la misma sensibilidad» al director general de Trabajo, Román Ceballos, para introducir los criterios de incompatibilidad para el personal de las fundaciones.
Según Gonzalo Fernández, la puesta en marcha de una reforma de la ley sobre fundaciones fue una de las reivindicaciones sindicales realizadas durante la negociación del Estatut. Junto a ello, la promulgación del Estatuto Básico del Empleado Público con la nueva ley estatal 7/2007, ha forzado el marco legal para que la Generalitat acometa la reforma relativa al proceso de selección de las fundaciones del sector público, en las que no se ha exigido el principio de concurrencia pública, lo que para la oposición, ha dado pie a situaciones de enchufismo.
El anteproyecto aprobado por el Consell el pasado viernes modificará la ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, e incluye un artículo sobre selección de personal que establece que «deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria».