J. G. G., Valencia
La promoción turística de la Comunitat Valenciana en el aire ha acabado finalmente en los tribunales. Y con consecuencias para el presupuesto público de la Generalitat. El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión autonómica en 2006 revela que la Agencia Valenciana de Turismo ha tenido que dotar «una provisión para riesgos y gastos por un importe de 434.005 euros». El motivo es que, como desvela el informe, en 2005 se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de adjudicación del contrato de publicidad turística de la Comunitat en aviones de compañías de transporte aéreo de pasajeros. La provisión es una medida de precaución ante una eventual sentencia que anulara la adjudicación.
El contrato, por importe de nada menos que 15.448.445 euros -4 a pagar en 2005 y el resto en 2006-, se adjudicó en octubre de 2005 a la firma valenciana de aviación regional Air Nostrum. La resolución de la Agencia determinó que la empresa del grupo Nefinsa (familia Serratosa) superó la oferta de la otra aspirante, Spanair. Air Nostrum, que luce la marca turística de la Generalitat en el exterior e interior de sus aeronaves desde 1996 (un año después de su constitución), ofrecía hasta 69 aeronaves como soporte, frente a las 40 de Spanair. Este periódico intentó ayer repetidamente contactar con esta última compañía pero la centralita automática remitía a una extensión de prensa en la que nadie atendía.
Fuentes de la Conselleria de Turismo, tras indicar que el asunto sigue tramitándose en el Tribunal Superior de Justicia valenciano sin que haya sentencia todavía, defendieron que la Administración autonómica adjudicó el contrato «con el aval de todos los informes pertinentes favorables de la Intervención y de la dirección general de Presupuestos», así como aplicando lo establecido en la Ley de Contratos.
Vulnera principios constitucionales
Por otro lado, el informe del órgano de fiscalización de la Generalitat, al analizar la contratación realizada por la Agencia de Turismo, incluye una dura opinión derivada del análisis de seis de 23 concursos públicos tramitados (por 5 millones, el 80% del importe total). En principio, indica que la proposición económica se valora entre un 50% y un 60%, mientras que el resto de la puntuación varía según el contrato de que se trate.
Pero, a renglón seguido, asevera: «La fórmula que la AVT utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía, ya que el peso específico de la valoración económica con respecto a los otros criterios que participan en la valoración no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100». La entidad dependía en 2006 de la entonces consellera de Turismo y hoy titular de las Corts, Milagrosa Martínez.
