La Conselleria de Infraestructuras y Transporte invertirá en 2008 y 2009 un total de 6 millones de euros para un programa específico de protección para motoristas que permitirá, entre otras medidas, instalar esas barreras en las carreteras valencianas.

Así, la Generalitat destinará a este programa un 40% de los 15 millones de euros que invertirá en 2008 y 2009 en la mejora de los sistemas de contención de vehículos en la red viaria autonómica.

Además, el Consell está ultimando una normativa técnica específica sobre medidas de protección de los motoristas que tendrá en cuenta tanto las medidas de seguridad pasiva como los factores que influyen en la conducción de los vehículos de dos ruedas.

Así, la normativa valenciana racionalizará la colocación de los sistemas de protección de motoristas (SPM) en las barreras metálicas de contención, como ya recogen el resto de leyes españolas, y regulará el uso de protecciones individuales o puntuales en elementos que pueden suponer un obstáculo para los motoristas.

El estado del firme, su regularidad y adherencia y otros elementos como la señalización serán algunos de los factores que se analizarán en esa norma, que cuenta con un apartado descriptivo de las condiciones específicas del tránsito de las motos por las carreteras.

Según fuentes del Gobierno valenciano, además, el texto distingue dos tipos de comportamiento de los motociclistas, según circulen por motivos "laborales" o "lúdicos", lo que determina además actitudes distintas y necesidades diferentes.

En el primer caso, los motoristas utilizan este medio de transporte para acudir a su centro de estudio o de trabajo y suelen transitar por vías de gran intensidad de tráfico, mientras que en el segundo caso usan sus vehículos para desplazarse a lugares de ocio por carreteras interurbanas y en fin de semana.

Para elaborar esta normativa, la Generalitat ha realizado estudios específicos sobre la geometría de las carreteras y su relación con la accidentalidad de las motocicletas, y ha mantenido reuniones con distintas administraciones, entidades y colectivos implicados con el fin de recoger sus sugerencias.