Levante-EMV, Valencia
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) denunció ayer que las sucesivas denuncias que ha presentado ante la Inspección General de Servicios por el retraso en aplicar la Ley de Dependencia deben ser investigadas por el secretario autonómico de Bienestar Social, David Calatayud, y número dos de Juan Cotino. "Precisamente el responsable de los retrasos e irregularidades denunciados, ya que es el competente para tramitar y resolver estas solicitudes", critican.
La FSP-UGT denunció el pasado 15 de enero ante la Inspección General de Servicios de la Generalitat "los retrasos excesivos y las irregularidades en la tramitación de las solicitudes de ayudas derivadas de la Ley 39/2006 de la dependencia", y le solicitaron que investigara las actuaciones de la Secretaría Autonómica de Bienestar Social.
Se denunciaba la "excesiva lentitud y la ineficacia demostrada por Bienestar Social para tramitar las solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia y de los servicios o prestaciones correspondientes", agregaron. El sindicato se queja de "la vulneración de derechos de los solicitantes, ya que la conselleria no cumple con su obligación de informar a los solicitantes de en qué fecha su solicitud ha sido recibida por el órgano competente, qué efectos produce el silencio administrativo, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, la fecha de petición de informes y de recepción de los mismos".
Otra irregularidad denunciada es que la valoración de la dependencia la realiza Avapsa (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales SA) cuando la ley obliga a que lo haga un organismo público.