21 de mayo de 2017
21.05.2017

Riba-roja reclama 6,7 millones a una promotora por un PAI inacabado de 550 viviendas

El ayuntamiento le concede un ultimátum a la empresa para que en un mes entregue la garantía para la urbanización

21.05.2017 | 04:15

El Ayuntamiento de Riba-roja reclama una inversión de 6,7 millones de euros a una promotora por el programa de actuación integrado (PAI) Pacadar inacabado que preveía 550 viviendas junto al casco urbano. El consistorio ha aprobado una resolución en la que concede un ultimátum a la promotora de este PAI para que en un plazo máximo de un mes constituya una garantía por valor de 337.675 euros correspondiente a la obligación de urbanizar esa zona. La urbanización consiste en la construcción de 550 viviendas en formato vertical junto al área oeste del casco urbano.

El acuerdo plenario, ratificado con los votos del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y Esquerra Unida-, más Ciudadanos y la abstención del Partido Popular y Riba-roja Pot, prevé además rechazar el recurso de reposición de la empresa mercantil en contra de la decisión de iniciar el proceso para la resolución del convenio bilateral firmado en el año 2005 bajo gobierno del PP.

La actuación urbanística suponía convertir en residencial el suelo industrial afectado tras el traslado de una empresa dedicada a la fabricación de vigas hasta la vecina localidad de Buñol. Por tanto, la adjudicataria estaba obligada a cumplir una serie de requisitos como traslado de la antigua empresa y desalojo de los terrenos, cesión de 27.455 metros cuadrados de terrenos al ayuntamiento y el pago de una compensación de 1,4 millones de euros, todos ellos ya ejecutados.

Sin embargo, en la actualidad todavía falta el cumplimiento de urbanización de los terrenos con un valor de 6,7 millones de euros que debía estar acabada desde abril de 2013, la entrega de una parcela edificable urbanizada y otra entrega de una planta baja comercial de 2.000 metros cuadrados que se debería haber concluido en el año 2015. Su ausencia priva al ayuntamiento de disponer de un bien patrimonial valorado en una renta anual de 96.000 euros, una cifra que el gobierno exige como indemnización anual desde abril de 2015 hasta el momento de la entrega de las mismas.

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