El gobierno de San Antonio de Benagéber, formado por Aisab y PSPV, y el principal partido de la oposición, Plataforma-Guanyem SAB-Compromís, han acordado un Plan Económico Financiero con el que normalizar las cuentas municipales, que en 2016 reflejaron una cifra de gasto muy superior a los ingresos. Este hecho provocó que este municipio del Camp de Túria incumpliera la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que dejaba al ayuntamiento en una situación complicada de cara a realizar futuras inversiones.
El alcalde, Enrique Santafosta, justificó que el nivel de gastos de 2016 se disparó por el pago de 1,5 millones de euros en sentencias judiciales y «facturas en los cajones» que se encontró su ejecutiva procedentes de la empresa municipal SABFES, ya disuelta, que ascienden a alrededor de 600.000 euros. Asimismo, Santafosta advirtió de que aún queda dinero por pagar procedente de la extinta compañía municipal.
Entre los puntos clave para tratar de alcanzar la estabilidad presupuestaria, Santafosta destacó la liquidación de plusvalías, la revisión catastral -que estimó en unos ingresos de unos 600.000 euros- y una auditoría energética para «mejorar la eficiencia y obtener de ahí un importante ahorro».
Pese a que ha habido un acuerdo entre el equipo de gobierno y la oposición, este no ha sido del todo dulce. Santafosta recordó que ya había presentado prácticamente el mismo plan en junio y que entonces fue rechazado por Plataforma-Guanyem SAB-Compromís. Según añadió, el nuevo plan que sí se ha aprobado tan solo añade una medida de ahorro de 6.000 euros en la contratación del software de recaudación del municipio.
Mientras, el portavoz de Plataforma-Guanyem SAB-Compromís, Ramón Orozco, pese a que mostró su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo «con voluntad de diálogo y consenso», insistió en recordar que este Plan Económico Financiero es «consecuencia de la deficiente gestión del gobierno municipal que ha provocado malos indicadores económicos».
Además, Orozco señaló que en estos dos años el consistorio podría haber ahorrado 80.000 euros más si hubiera licitado la contrata de basuras al principio de la legislatura y otros 45.000 euros en la disminución de sueldos públicos e indemnizaciones de los concejales aprobada en noviembre de 2016, si no se hubiera demorado su puesta en marcha hasta ahora.
