Un informe municipal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria alerta de un «riesgo financiero» de 42 millones de euros para las arcas municipales a medio plazo por los conflictos urbanísticos y las demandas judiciales interpuestos por particulares y empresas en contra del consistorio. Los litigios se remontan al año 2011, con el gobierno local del Partido Popular.
El global de estas demandas procede, principalmente, del área urbanística e inmobiliaria y de los años de la burbuja económica desarrollada por el PP que lideraba el exalcalde Francisco Tarazona, quien llegó a poner en marcha más de 10 programas de actuación que no se han llevado a cabo.
El PAI de Porxinos, donde el Valencia planea la construcción de 2.000 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva es el que concentra buena parte del montante económico global que afronta el ayuntamiento con un total de 25 millones de euros. Esta PAI está a expensas de que la conselleria de Medio Ambiente se pronuncie sobre la segunda propuesta presentada por Litoral del Este -mercantil creada por el Valencia- después de que la primera de ellas fuese tumbada por una sentencia del Tribunal Supremo.
La segunda mayor reclamación asciende a 6'7 millones de euros que una familia de la localidad interpuso a raíz de unas expropiaciones que se remontan al año 1967. El caso «se ha prolongado por la negativa del PP a negociar con sus propietarios y llegar a un acuerdo», valoran el actual gobierno. De momento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha obligado al pago de 879.000 euros como medida cautelar.
La ocupación unos terrenos en el Barranc de les Monges valorada en 2'2 millones más otros 500.000 euros de intereses ocupa el siguiente puesto en la lista. El origen se remonta a 2005 cuando el ayuntamiento se comprometió a permutar estos terrenos privados por otros en el Calvari que, finalmente, nunca se llegó a ejecutar.
Una reclamación de una empresa que se quemó a causa del fuego en otra anexa sin licencia, una demanda por otro PAI no ejecutado y otros similares completan el montante global. «El perjuicio para las arcas municipales puede ser devastador», lamenta el alcalde Robert Raga.
