El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una propuesta del equipo de gobierno -formado por PSPV, Compromís y Esquerra Unida- para valorar más a aquellas empresas que apuesten por la presencia de mujeres, apliquen una igualdad salarial entre ambos sexos e incorporen los criterios de sostenibilidad ambiental y el uso de energías renovables en su actividad económica a la hora de aspirar a los pliegos de licitación de contratos públicos.
La iniciativa busca "un impulso de las cláusulas sociales que contribuyan a la promoción de la mejora de las condiciones laborales, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar, un respeto a las normas de accesibilidad universal así como un compromiso del consistorio en medio ambiente y energías renovables", informa la corporación municipal.
Desde el ayuntamiento detallan que los criterios sobre igualdad de hombres y mujeres ocupan un lugar especial, en el que se valorará a las empresas que contraten más mujeres en aquellos sectores con mayor presencia masculina, o aquellas en las que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad, la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres con dificultad de acceso laboral, las empresas que diseñen un plan de igualdad o las que apuesten por la conciliación laboral y familiar. Se premiará también a las empresas que integren el comercio justo en sus propuestas de licitación.
Bajo el propósito de fomentar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en la licitación de contratos municipales, Riba-roja impulsará la división en lotes de los contratos públicos con el objetivo de facilitar la presencia de un mayor número de pymes siempre que la naturaleza o la finalidad de los mismos lo permitan, además de una solvencia técnica y económica en los contratos de obra mayores de 80.000 euros.
El consistorio valorará a aquellas empresas que se adecuen a la normativa socio laboral, los convenios colectivos en materia de costes salariales, cuotas a la seguridad social y el resto de derechos de los trabajadores. Además, se obligará a que en aquellos contratos vinculados a la satisfacción de necesidades propias de categorías de población desfavorecida "se incluyan como condición especial de ejecución la exigencia de contratar al menos un 30 % de personas en riesgo de exclusión social entre la plantilla".
Los pliegos de adjudicación tendrán en cuenta otros factores sociales como la accesibilidad universal y diseño para todos y todas superiores a los determinados en las prescripciones técnicas del ayuntamiento, en función de la idoneidad de las mismas así como una valoración económica de acuerdo al precio del mercado. En este supuesto también se incluyen el desarrollo y el diseño de las páginas web.
La estabilidad en el empleo de la plantilla de la empresa, la antigüedad superior a un año de sus trabajadores, el incremento en el número de personas destinadas a la ejecución del contrato por encima del establecido como mínimo en el pliego de condiciones o las personas con especiales dificultades para acceder al mercado laboral también recibirán una mayor valoración técnica por parte del consistorio.
Grupos con mayor dificultad de inserción
Entre estos grupos con mayor dificultad de inserción laboral cabe destacar las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes de entre 16 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores, internos penitenciarios en libertad condicional que puedan acceder a un puesto de trabajo, personas en fase de rehabilitación e inserción con problemas de drogas o alcohol o personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción en situación o en riesgo de exclusión social.
Por último, subrayan la incorporación de los criterios ambientales que se tendrán en cuenta como una disminución de los niveles de ruido, en la emisión de gases, en la utilización de etiquetas ecológicas y de eficiencia energética, el suministro de bienes en recipientes reutilizables, la recogida, el reciclaje y la reutilización de los desechos producidos o la energía verde en el caso de suministro de energía eléctrica.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha señalado que estos criterios que se incorporarán desde ahora a los pliegos de contratación pública "son una declaración de intenciones muy ambiciosa de este equipo de gobierno de atender lo que es una reivindicación social de primer orden actualmente en la que cada vez más debemos fomentar criterios de igualdad entre hombres y mujeres, además de fomentar el empleo sobre aquellos sectores como mayor problemas de acceso laboral".
Una comisión de contratación pública socialmente responsable y sostenible formada por personal técnico responsable de los distintos servicios o departamentos se encargará de velar por la aplicación efectiva de los criterios sociales y ambientales en los pliegos de contratación.
