El exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano y su exjefe de gabinete y alcalde de Casinos José Miguel Espinosa (Partido Popular) se reunieron ayer en València, apenas 24 horas después de que los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional entrasen en el consistorio de la población valenciana para realizar un registro, al igual que en la vivienda del munícipe. La policía también recabó información en una empresa constructora ubicada en València. Castellano se tomó un café con Espinosa durante una media hora, entre las 10 y las 11 de la mañana, en una cafetería contigua a la Federació Valenciana de Municipis y Províncies (FVMP), donde el también alcalde trabaja. A la salida del recinto, un fotógrafo de Levante-EMV captó a ambos, tras la reunión.
Durante el registro en el edificio municipal, que se prolongó durante cinco horas, los agentes de la UDEF se incautaron de diversa documentación en el Ayuntamiento de Casinos. Entre la documentación requisada, la policía se llevó la contabilidad de la corporación desde 2007 y el expediente de la reforma integral de la Casa de Joventut correspondiente a 2010. El alcalde de esta localidad de El Camp del Túria no llegó a ser detenido, aunque fue requerido por los agentes policiales para que presenciara el registro en su vivienda.
Hallazgo en el Caso Avialsa
La nueva actuación policial, que permanece bajo secreto del sumario, fue autorizada por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt, Héctor Santamaria y el Fiscal Anticorrupción que también dirigen la investigación del conocido como Caso Avialsa o trama del fuego, que provocó la detención del entonces delegado del Gobierno, Serafín Castellano, el 29 de mayo de 2015. Esta causa, abierta desde 2015, se ha dividido en cuatro piezas separadas. Una de ellas se acaba de instruir en la Audiencia Nacional e investiga a 14 empresas dedicadas a la extinción de incendios en toda España por delitos de organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y falsedad documental.
Se les acusa de pactar precios de los aviones de extinción de incendios y, presuntamente, sobornar a políticos y funcionarios para obtener un trato de favor. En esta misma pieza separada también está incluido el exsecretario general del PP, Serafín Castellano, al que se investiga por cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, junto a un exdirector general y funcionarios de la Generalitat de Catalunya.
En otra pieza separada que Instrucción 2 de Sagunt derivó a un juzgado de València también se investiga a Castellano y a los herederos del empresario y amigo del exdelegado del Gobierno, Jose Miguel Pérez Taroncher, por los delitos de cohecho, falsedad en documentos públicos, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Los investigadores constataron que las empresas de Taroncher florecieron mientras su amigo Serafín Castellano encadenaba cargos en la administración pública. Sólo en 2007 Construcciones Taroncher facturó 1.627.568,57 euros a la Generalitat. Ese año también recibió obras por 1,8 millones de Ciegsa, la empresa pública constructora de colegios investigada en el Caso Taula, a pesar de que la empresa ubicada en la Pobla de Vallbona nunca superó la media docena de trabajadores.
