El ya histórico problema de la falta de alcantarillado en gran parte de las urbanizaciones de Llíria ha provocado una reprimenda por parte del Defensor del Pueblo al ayuntamiento edetano por no responder a sus reiterados requerimientos de información suscitados por la queja de un vecino. De hecho, el Alto Comisionado del Parlamento ha incluido al Ayuntamiento de Llíria en la lista de «administraciones que no han contestado en el año 2017 tras el tercer requerimiento» en su informe anual de «Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras» que eleva cada año a las Cortes Generales.
En concreto, el Defensor del Pueblo indica que «se solicitó ampliación de información con una sugerencia formulada el 30 de noviembre de 2016, sobre silencio municipal en relación con una petición de arreglo de algunas calles». «Se hizo el tercer requerimiento el 30 de noviembre de 2017», añade el informe en el que consta que el consistorio edetano no ha proporcionado la información oportuna requerida.
Según ha podido saber este periódico, la petición del Defensor del Pueblo procede de una queja emitida por vecinos de la urbanización Safareig, en la Unidad de Ejecución n.º 42 de Llíria, que habrían solicitado información y una reunión con el consistorio para abordar qué tienen que hacer para solucionar sus problemas con el alcantarillado, que no se llegó a ejecutar en la zona. «Desgraciadamente llevamos reclamando el servicio dede hace años ya que según la Unión Europea estamos incumpliendo la ley de residuos con pozos ciegos», denuncia José Luis Soriano, vicepresidente de la asociación de vecinos de la urbanización en cuestión.
No obstante, el presidente de la misma asociación, José Marco, indicó que su conflicto en este sentido con el ayuntamiento no es económico: «Estamos dispuestos a correr con los gastos oportunos pero el ayuntamiento no nos informa ni nos recibe», critica. «Estaríamos encantados de poder resolver la situación», añade.
«Buscar acuerdos»
El alcalde de Llíria, Manolo Civera, explicó a preguntas de Levante-EMV que desconocía la inclusión de su consistorio en esta lista del Defensor del Pueblo y justificó que la situación se debe a «una avalancha de peticiones incluso de manera organizada para ahogarnos», que vinculó a partidos de la oposición.
En cuanto a la queja concreta de los vecinos de la urbanización Safareig -que se puede extender a numerosas áreas y diseminados del municipio edetano-, Civera mostró su predisposición «para buscar acuerdos que puedan servir para resolver este problema que es de una dimensión muy grande». No obstante, insistió en que las soluciones deben pasar por acuerdos con unidades de ejecución completas y que no se pueden realizar de forma individual.
