De no haber puesto ni una sola sanción nunca a notificar una decena en apenas unas semanas. El Ayuntamiento de Xàtiva ha comenzado a tramitar las primeras denuncias por el incumplimiento de la normativa que introduce multas de 200 euros para los propietarios que no retiran los excrementos de sus perros de las calles. El sistema, que permite rastrear los patrones genéticos de los 2.600 canes censados en la ciudad para identificar la autoría de las heces, comenzó a implantarse a finales noviembre —aunque inicialmente en fase de pruebas—con la recogida de muestras. Según expone el regidor de Seguridad, José Antonio Vidal, en este periodo de tiempo el consistorio ha notificado en torno a diez denuncias por la presencia de heces en jardines y en la vía pública. El edil remarca que las sanciones no están sujetas a los mecanismos de reducción que se aplican a las multas de tráfico si se pagan en un plazo corto.
La unidad de la Policía Local y la brigada de limpieza encargada del cumplimiento de la ordenanza recoge entre 10 y 15 muestras diarias de excrementos, acompañadas en cada caso de una fotografía y de las coordenadas de geolocalización del punto exacto donde se hallaron los restos. Las pruebas del «delito» son posteriormente remitidas a un laboratorio de Sevilla para que, mediante un proceso de genotipado, pueda localizarse al responsable del animal, identificando su ADN. El regidor asegura que el consistorio ha constatado una reducción significativa en el número de heces —de hasta el 80% en algunas zonas— como consecuencia de la campaña disuasoria de censado. En este descenso también habría influido la creación de tres áreas de esparcimiento para perros inauguradas a finales de año. Vidal sostiene que los «pipicanes» están siendo muy utilizados por los usuarios, aunque recuerda que estos parques «no están para que los perros hagan sus necesidades y las dejen allí: luego hay que recogerlas y tirarlas».
El censo municipal instaurado por el ayuntamiento en 2014 registra en una base de datos 2.600 perros. Según las estimaciones, Vidal apunta que como mucho podría haber unos 3.000 en la ciudad con dueño, con lo que alrededor de 400 seguirían al margen de este registro, cuya inscripción es obligatoria y tiene un coste para el propietario (tras culminar el periodo gratuito). Éstos se exponen a una sanción de entre 150 y 300 euros en caso de circular con su mascota por la calle sin la chapa identificativa. El sistema también permite la localización de canes extraviados gracias a su ADN.
«Un problema de salud pública»
Vidal se muestra satisfecho con la implantación de la iniciativa. «La gente está colaborando mucho y concienciándose de que este es un problema de salud pública». El edil remarca que para el ayuntamiento «no se trata de un tema de recaudación, sino de mantener limpia la ciudad, de civismo». Y añade: «Tener un animal implica una responsabilidad».
Por otra parte, la plataforma Club Can ha criticado el triunfalismo del consistorio afeando al equipo de gobierno que haya gastado alrededor de 60.000 euros en la introducción del pionero sistema. El colectivo también censura las deficiencias registradas en los parques para perros, que consideran demasiado pequeños, a tiempo que carentes de luz.
