El Centro Ocupacional comarcal que gestiona Aspromivise en Xàtiva se ha cobrado su primera baja vinculada a la aplicación del nuevo copago introducido por la Conselleria de Bienestar Social. Ella se llama Ángela, tiene 63 años y lleva desde 1988 asistiendo a las terapias que cada día se desarrollan en el edificio, donde es una de las usuarias más veteranas.
«Hay familias que pueden pagar porque tienen bienes, pero a nosotros esto nos hunde. A mi mujer y a mí nos obligan a sacrificar lo poco que nos queda». Habla Ildefonso Tomás, único hermano de Ángela y responsable de su cuidado. Este profesional que trabaja en el hospital Lluís Alcanyís aún está a la espera de que la Conselleria de Bienestar le notifique cuándo y cómo ha de abonar la liquidación de los dos últimos meses. Aunque en 2014 Aspromivise se rebeló negándose a cobrar el copago a sus usuarios, el Consell aprobó en enero una nueva tasa y esta vez no hay vuelta de hoja. Lo que tiene claro Ildefonso es que con su retribución de 1.200 euros mensualesy los malabarismos a los que se ve abocado para mantener a una familia prácticamente solo con su sueldo no puede hacer frente a los 370 euros mensuales que le pide el gobierno autonómico por seguir empleando un recurso asistencial que hasta ahora le costaba 100 euros, incluyendo la manutención y el transporte diario de Ángela desde Llocnou d'En Fenollet, donde ambos residen, hasta Xàtiva. A la atención permanente que requiere su hermana —con graves problemas de movilidad— se suman los cuidados de una hija dependiente que también sufre una discapacidad. El resultado es una clamorosa falta de liquidez para llegar al día 31 de cada mes.
«No podemos afrontarlo»
Ildefonso denuncia que el copago se ceba con los huérfanos. Aspromivise los señala como los más castigados por la ley, obligados a cargar con cantidades que alcanzan los 495 euros por el hecho de percibir una paga de orfandad. «Mi hermana cobra 300 euros, pero tiene una serie de gastos que no han contemplado en el cálculo», recalca su hermano. Entre ellos enumera el contrato de la cuidadora que presta su ayuda en el domicilio, la hipoteca de la casa donde cuidan de Ángela o los de la vivienda en propiedad de ésta, cuyas condiciones deplorables la convierten en inhabitable y en invendible. «No podemos hacer frente a esto de ninguna manera. Hay meses que me falta dinero; tengo que pedir a la gente que conozco y luego se lo devuelvo», expone compungido Ildefonso, que para más inri ha sufrido los recortes en su nómina. Todas estas circunstancias agitadas en un cóctel provocaron que su hija menor tuviera que abandonar temporalmente sus estudios universitarios en Valencia. «No podíamos mantener el gasto», lamenta éste.
Ildefonso bordea los 60 años y ni él ni su esposa saben lo que es irse de vacaciones. No han viajado desde la boda. Asumir íntegramente el cuidado de su hermana supone «una carga muy grande» para el matrimonio, pero además un «trastorno» para Ángela, que ve cambiar de golpe los hábitos que ha mantenido durante décadas. «Este Gobierno va a por los débiles», resume el hermano.
