El Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid ha estimado la impugnación formulada por el vecino de Xàtiva a quien hace un año el Tribunal Constitucional denegó la asistencia jurídica solicitada en el marco de un recurso de amparo que Marian Popa quiso interponer contra la sentencia que lo condena a desembolsar 135.000 euros a un banco por una hipoteca impagada. El vecino, de nacionalidad rumana, sufrió el embargo de su vivienda tras quedarse sin trabajo, al año y medio de haberse mudado a vivir en ella. Desde ese momento, se embarcó en una odisea y ha ido transitando por casi todos los estamentos judiciales en busca de una resolución favorable. Aunque Marian amontona más de una quincena de denuncias y quejas a diferentes organismos como el Defensor del Pueblo o el CGPJ, hasta ahora ninguna ha prosperado, mientras los pagos lo van «asfixiando» poco a poco. En ese camino, el vecino recaló en el Constitucional. Pero cuando acudió a Madrid a denunciar la vulneración de sus derechos, un obstáculo se interpuso: a pesar de sus ínfimos recursos, el tribunal le denegó el acceso a la justicia gratuita
La resolución, que el afectado recurrió, fue revocada hace escasas semanas, en un fallo que pasa por ser la única buena noticia que Marian ha recibido en meses. El juzgado encargado de resolver la impugnación le concedió finalmente el derecho a ser asistido por un letrado y un procurador de oficio tras desmontar los argumentos de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita que se los denegó. El magistrado sostiene que el solicitante acredita unos ingresos mensuales por rentas de trabajo de 645 euros: un montante inferior al doble del salario mínimo interprofesional. A esta circunstancia se añade «la pérdida de su casa por efecto de la ejecución hipotecaria» y el embargo que Marian padece sobre sus bienes como consecuencia del desahucio, incluido su sueldo, según añade el juez en la sentencia. También a su hermano Iancu, avalista de la hipoteca, le embargan mensualmente la nómina.
Solicita un letrado de oficio
Con la sentencia en la mano, Marian ha regresado al Tribunal Constitucional para presentar el recurso de amparo y solicitar su derecho a que le designen un letrado del turno de oficio. El afectado denuncia que no estuvo presente en su vivienda cuando se certificó la notificación de su desahucio y solicita una peritación caligráfica porque sostiene que no fue él quien la firmó. Entre otras irregularidades, censura que la vivienda que le vendieron carecía de cédula de habitabilidad y no reunía las condiciones sanitarias mínimas cuando le entregaron las llaves.
Además, mantiene que la hipoteca contenía cláusulas abusivas que asegura haber firmado sin entender su significado porque apenas sabía defenderse con el idioma. El préstamo definía una cuota de 471 euros al mes que se incrementaría a razón de un 2,5% anual. El piso, que hoy se vende por 40.000 euros, fue valorado en el momento del embargo en 100.000 ?. «No me explicaron nada de esto. Firmé la hipoteca en cinco minutos sin entender muchas cosas porque acababa de llegar a España. El banco me dijo que estuviera tranquilo, que si no podía pagar, con entregar las llaves valía», sostiene Marian Popa, apesadumbrado por no poder hacer frente a todos los pagos que le exigen las entidades financieras.
