Los propietarios del PAI Cànyoles de Xàtiva se han topado con un primer revés judicial en el camino que hace un año abrió el Tribunal Supremo a cientos de contribuyentes a quienes la administración liquida el IBI urbano como propietarios de parcelas agrícolas sujetas a planes urbanísticos cuyas expectativas de desarrollo quedaron truncadas con la crisis del ladrillo. En la capital de la Costera, se cuentan por medio centenar los vecinos en esta situación. Tienen mucho en común: consideran excesiva la carga tributaria que soportan, poseen campos de cultivos que fueron reclasificados como urbanizables de uso industrial durante los años de expansión urbanística y han de asumir el pago del recibo del IBI urbano a pesar de que su suelo ni se ha urbanizado ni tiene expectativas de serlo a corto o medio plazo, después de que el PAI proyectado en su seno fuera derogado por el ayuntamiento.
Tras años de asfixia tributaria, en 2014 estos propietarios vislumbraron un rayo de luz: una sentencia del Supremo „que se pronunció sobre un caso particular en Badajoz„ resolvió que, si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo ha de pagar como si fuera rústico y no la contribución hinchada que se aplica para beneficio de las arcas municipales.
El fallo, sin embargo, no ha facilitado demasiado las cosas y los afectados siguen enfangados en la misma problemática. Los ayuntamientos se niegan a renunciar a los suculentos ingresos que les proporcionan este tipo de tributos y abocan a los propietarios rurales a recurrir a los tribunales, que tampoco se están mostrando especialmente comprensivos. La asociación que engloba a parte de los dueños del Cànyoles planteó una reclamación colectiva para que la diputación anulara y retornara los ingresos «indebidos» cobrados por el IBI en este sector desde que fue cancelado el programa urbanístico proyectado. El juzgado de lo contencioso nº 6 de Valencia ha tumbado el recurso, al entender el magistrado que la asociación no está legitimada para iniciar un procedimiento de este calado. El fallo no entra en el fondo de la cuestión „si está justificado cobrar el IBI urbano en terrenos urbanizables vinculados a PAI paralizados„ pero a los efectos del reintegro viene a señalar que ha de ser cada propietario el que reclame individualmente la devolución de los importes de la contribución que considera abonados indebidamente.
Freno a los recursos colectivos
La sentencia sostiene que el colectivo que no ha acreditado su legitimación para defender a los propietarios de terrenos, que en el recurso «ni tan siquiera han sido identificados», además de señalar que la reclamación es «imprecisa en cuanto a los ejercicios y liquidaciones cuya devolución se insta». Ante la vía a la que la justicia empuja a los afectados, éstos han interpuesto diversos recursos individuales, con la esperanza de hallar al fin soluciones satisfactorias a los pagos hinchados. «Colectivamente, la justicia no va a permitir ningún reintegro de tributos, pero tenemos multitud de procesos en marcha», explican desde el colectivo.
La asociación acusó al Ayuntamiento de Xàtiva de bloquear el expediente de reingreso y pidió al juzgado que forzara al consistorio a reabrirlo. Como este caso, son muchos los propietarios valencianos en la misma tesitura que se están topando con todo tipo de obstáculos administrativos y judiciales para revertir su situación, según apuntan fuentes jurídicas.
