El Ayuntamiento de Ontinyent ha instado al propietario a desinfectar, desinsectar y desratizar un vivienda deshabitada que está inundada de aguas fecales. Se trata de una planta baja de un edificio de pisos de la calle José Simó Marín que según las inspecciones y las denuncias de los vecinos del edificio está inundada de aguas fecales que están provocando filtraciones al resto de la finca, así como insalubridad y malos olores, que llegan incluso a la vía pública, además del edificio.
El consistorio expone que «es evidente que la planta baja está inundada de aguas fecales» que se filtran dentro de la puerta de entrada a la escalera de la vivienda, lo que, según la notificación municipal, provoca que los vecinos tengan que estar recogiendo agua y pisándola para acceder a las viviendas. El ayuntamiento ha realizado un informe sobre esta problemática y señala que, aunque «se desconoce el origen de las aguas, estas pueden ser fecales ya que el olor es insoportable en el interior de la planta baja y en la escalera del edificio, así como bastante molestas en la vía pública», señalan desde el consistorio, que también alertan del problema de salud que puede derivar esta situación de insalubridad, así como los daños en la estructura y los cimientos de la vivienda. El consistorio añade que «se ha levantado un poco la ventana y se han hecho fotos del interior, donde se observa que la planta baja está vacía e inundada de aguas fecales».
Multa de 3.000 a 15.000 euros
Ante esta situación, el gobierno local ha concedido un plazo para que el propietario adopte las medidas para solucionar el problema, medidas que pasan por abrir la vivienda y retirar «inmediatamente» las aguas fecales que inundan el inmueble y se filtran al resto del edificio y a la vía pública. El ejecutivo advierte que si el propietario no actúa „si lo hace tendrá que remitir al ayuntamiento una certificación de la empresa que ha llevado a cabo los trabajos de desinfección„, se le podrá imponer una sanción con multa de 3.000 a 15.000 euros. También advierten que el consistorio podrá ejecutar los trabajos de manera subsidiaria, tras una autorización judicial para acceder al domicilio.
El problema de la propiedad de la vivienda es que era del constructor y promotor Rafael Gil, fallecido hace unos años, por lo que ahora tendrán que ser sus familiares y herederos los que tomen las medidas.
