Los cuatro miembros que integraban la comisión liquidadora de la sociedad pública creada en 2006 por el Ayuntamiento de Vallada para gestionar el parque estratégico y empresarial (Valpark) han presentado su dimisión ante notario después de advertir de la existencia de numerosas anomalías en la contabilidad de la mercantil, derivadas de la anterior etapa de gobierno municipal. Un informe suscrito por el secretario detalla los obstáculos que impiden al ayuntamiento cumplir la ley y cerrar de forma definitiva la firma, cuyo último balance, de 2009, arrojaba pérdidas de más de 300.000 ?. De manera «totalmente irregular» y «sin justificación» el consistorio asumió préstamos y pagos directos a los acreedores de la empresa, entre ellos entidades bancarias, firmas privadas o la propia tesorería del Estado.
La comisión, integrada por el alcalde independiente, un concejal del PSPV, el secretario y el abogado encargado de la defensa jurídica del ayuntamiento, propuso a la Junta General de la mercantil „de la que forman parte los 11 concejales de la corporación municipal„ el nombramiento de nuevos liquidadores, pero al no surgir ningún candidato dispuesto a asumir el cargo, el ente acordó trasladar el procedimiento al Juzgado de lo Mercantil de Valencia, organismo que tiene ahora la potestad de designar a liquidadores independientes, en cumplimiento de la Ley de Sociedades .
La entidad pública municipal se creó en 2006 con el exalcalde Fernando Giner como presidente y el ayuntamiento como único socio. Los incumplimientos de las urbanizadoras de Valpark, sin embargo, frustraron el gran proyecto del PP local cuando apenas se habían ejecutado un 25% de las obras, lo que desencadenó la disolución de la mercantil, que permanece inoperativa desde hace cinco años. Tras las elecciones de 2011, el nuevo equipo de gobierno surgido de las urnas detectó las primeras irregularidades: el consejo de administración nombrado en 2007 no había cesado todavía formalmente y el Registro Mercantil había procedido cerrar la hoja de inscripción de la empresa por no haber rendido cuentas desde 2009. Además, el acuerdo de disolución adoptado en 2010 no se había llevado a término.
Sin contabilidad desde 2009
La firma no había seguido ninguna contabilidad desde 2009 a pesar de que todavía seguía activa. En este escenario, en noviembre de 2011 el ejecutivo AIPV-PSPV procedió a designar una comisión integrada por cuatro liquidadores, que se encontró con la ausencia de información relevante, además de una serie de pagos y cobros no acreditados documentalmente y un desfase entre saldos deudores y acreedores. Los extractos de cuenta rastreados desvelaron que se habían efectuado movimientos no contabilizados en el balance de la sociedad . El ayuntamiento traspasó a la firma fondos sin ninguna contraprestación ni servicio a cambio, «como si fueran movimientos internos de tesorería», a pesar de que la contabilidad de ambos entes debía quedar separada y ser independiente.
El último balance de la mercantil pública con el que se topó la comisión liquidadora carecía «de justificación contable» y arrojaba unas existencias de 609.668 euros y un préstamo pendiente de 916.667 euros. Esta documentación, sin embargo, posteriormente fue modificada: «lo que eran existencias pasó a ser deuda pendiente del ayuntamiento como cliente». La operación, según prosigue el informe técnico asumido por la comisión, se efectuó pese a la ausencia de documentos justificativos. Ante estas «anomalías», los liquidadores presentaron su dimisión a mediados de abril y han dejado en manos del juzgado de lo mercantil la decisión sobre qué hacer con la empresa pública y cómo depurar sus cuentas para evitar incurrir en un delito. Desde el PSPV critican la inutilidad de la firma, que al comienzo de sus operaciones nombró como gerente a una diputada del PP. «La empresa estuvo pagando sueldos durante dos años a la gerente, un economista y un administrativo sin hacer prácticamente nada: no se vendió ni una sola parcela del parque», lamentan los socialistas. Las pérdidas de la sociedad han sido asumidas por el consistorio, junto a la millonaria deuda de Valpark.
