El juzgado de los contencioso número 9 de Valencia ha avalado las actuaciones del Ayuntamiento de Benicolet en el marco del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística que afecta al presidente del PP de la localidad, sobre cuya vivienda ilegal pesa una orden de demolición desde el 9 de septiembre de 2014. Frente a las acusaciones de la agrupación independiente AIB, que afirma que el equipo de gobierno está dilatando intencionadamente el proceso por la afinidad con el propietario infractor, el concejal de Urbanismo José Manuel Boscá manifestó ayer que el consistorio «está actuando en todo momento conforme dictan los jueces».
En ese sentido, ante el incumplimiento de la orden de derribo, la corporación multó al propietario, pero de momento no piensa ejecutar la operación de manera subsidiaria. Como informó este diario, el TSJ declaró ilegal la licencia concedida al presidente del PP para levantar una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Benicolet. El infractor ha incumplido los plazos para restaurar la legalidad urbanística y recurrió el decreto de demolición del consistorio, retrasando el procedimiento. La Abogacía de la Generalitat pidió al juzgado que instara a cumplir con la sentencia y éste a su vez requirió al ayuntamiento para que procediera a la demolición, pero el escrito fue recurrido por el consistorio, que considera que el derribo debe realizarlo el propietario. A su vez, la Generalitat impugnó dicho recurso. En un auto del pasado 11 de mayo, el juez da la razón a la administración local y considera acreditado que está siguiendo el procedimiento establecido.
«Cumplimos la ley»
Boscá recalca que la licencia al presidente del PP fue concedida en 2007, cuando gobernaba otra corporación en la localidad, y asegura que la sentencia se va a cumplir primero con multas y luego «conforme a la ley». «Nos encontramos con una situación complicada, pero la ley es para todos y la cumplimos nos guste o no», señala el edil de Urbanismo, que subraya que en esta legislatura «no se ha dado ningún a licencia mal dada». Se pronuncia así sobre las acusaciones de AIB en torno a los permisos para edificar concedidos a otros miembros de la lista del PP y anulados por los jueces.
