Las urnas dieron el 24M un vuelco al mapa político que ha vuelto a dejar en el terreno de la incógnita el futuro de la planta de tratamiento y valorización de residuos proyectada en Llanera de Ranes. La instalación, pensada para tratar unas 145.000 toneladas de basura al año generadas por una población de 300.000 vecinos residentes en 5 comarcas, es la única que resta por construir en la provincia de las contempladas en la Ley de Residuos aprobada por la Generalitat en el año 2000.
El Consorcio de Residuos (COR) parido por el Consell del PP para gestionar el área de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, el Valle de Ayora y la Safor adjudicó en 2009 a la UTE Vytrusa la macroplanta de Llanera, acompañada de un gran vertedero de rechazos. Sin embargo, la falta de consenso entre los partidos de izquierda y el PP, las disputas internas en el propio seno de la formación popular y las dudas técnicas sobre la ubicación de la infraestructura han retrasado la puesta en marcha de la instalación y la solución a la problemática de la basura.
A día de hoy, los residuos recogidos en este territorio siguen siendo transportados a diario hasta el vertedero de Alicante y el proyecto de Llanera continúa en fase de tramitación administrativa, pendiente de que el gobierno autonómico examine los informes de los distintos organismos de control, revise la batería de alegaciones formuladas y resuelva la autorización de impacto ambiental. Los pronósticos contemplados por el COR antes de las elecciones apuntaban a que «en el mejor de los casos» los trámites necesarios podrían estar zanjados en agosto para que las obras se iniciaran en septiembre.
El resultado postelectoral ha alejado ese optimista escenario de la realidad. La izquierda es mayoritaria en todas las instituciones. PSPV y Compromís no solo controlarán la Generalitat y la diputación, sino también la mayor parte de los ayuntamientos y, por ende, el propio COR. Ambas formaciones, contrarias a las instalaciones previstas en Llanera y partidarias de un nuevo modelo de gestión de la basura, mantienen la voluntad de explorar la posibilidad legal de frenar la construcción de la planta para contemplar otras alternativas de gestión de los residuos y los alcaldes de las comarcas presionan en ese sentido. Ayer, el secretario del PSPV en la Costera-la Canal, Xavier Simón, fijó la prioridad de que el Consorcio se convierta «en un ente de consenso con la ciudadanía» y «no de confrontación» y abogó por «ver qué soluciones y qué opciones legales hay» de replantear el proyecto. Que el Ayuntamiento de Llanera también haya sido objeto de un cambio de signo político añade incertidumbre. La UTE adjudicataria precisa de la licencia de obras del consistorio para ejecutar la actuación, pero el nuevo alcalde de la localidad, Vicente Lluch (Ciudadanos), se ha mostrado partidario de revisar el proyecto y de someterlo a una consulta ciudadana, después de abrir al máximo la información del mismo a los vecinos. Lluch, de hecho, perteneció con anterioridad al ala del PP local discrepante con la forma en la que se gestó la macroplanta.
El principal escollo al que se enfrentarían las formaciones progresistas para cumplir con su promesa electoral de frenar la instalación lo representa la indemnización por lucro cesante que podría demandar la concesionaria si el millonario contrato se rescinde. En 2013, una veintena de alcaldes del PP integrados en el Consorcio se rebelaron contra la Generalitat y reclamaron la paralización del proyecto en mitad de la polémica subida del impuesto de basuras.
En 2013 se descartó
Entonces, un informe de la Conselleria de Medio Ambiente calificó de «inadmisible desde el punto de vista jurídico» la suspensión de la planta porque la UTE Vytrusa había ganado la adjudicación «en base a condiciones de derecho». Con estos argumentos, el presidente del COR, Vicente Parra, pudo calmar la rebelión no sin antes iniciar un proceso de revisión para reducir el tamaño de las instalaciones, que pasaron de costar 90 millones de euros a 65.
El nuevo proyecto aún ha de superar el trámite de la autorización ambiental, una cuestión que pone en duda la Plataforma que agrupa a diversos colectivos antivertedero tras la batería de alegaciones presentadas. Esta entidad recalca que si la solicitud es resuelta de manera desfavorable, no cabría ninguna indemnización. Otra posibilidad que manejan algunos alcaldes pasa por seguir los pasos de la Vega Baja y alegar el incumplimiento de los plazos previstos por parte de la concesionaria para cancelar el contrato. La infraestructura se adjudicó en 2009 y, en principio, debía de haberse puesto en funcionamiento este año.
Aunque el COR sigue transportando los residuos de las cinco comarcas al vertedero de Fontcalent, la última asamblea dejó encima de la mesa un principio de acuerdo para cambiar ese destino por la planta de tratamiento de Manises. En cualquier caso, el déficit de instalaciones en Valencia persiste y la solución a la problemática constituye una patata caliente para el nuevo Consell.
