La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la causa por prevaricación urbanística que mantiene imputados a dos exalcaldes y dos exconcejales de urbanismo de Benicolet a raíz de la supuesta «permisividad» mostrada por el ayuntamiento frente a la proliferación de decenas de construcciones ilegales asentadas en suelo no urbanizable. El tribunal revoca el auto de sobreseimiento provisional dictado por un juzgado de Ontinyent que archivó las actuaciones hace menos de un año, da luz verde a que se practiquen nuevas diligencias de investigación y acepta la ampliación de la querella que dio origen al procedimiento, promovida por el exregidor independiente José Santamaría.
Esta resolución añade una veintena de edificaciones fuera de ordenación a las más de 60 infracciones urbanísticas denunciadas inicialmente, incluyendo viviendas, almacenes, naves e incluso una urbanización entera levantadas en zonas rústicas al margen del PGOU. El auto de la Audiencia, que no admite recurso, da luz verde a una prueba pericial que permitirá revisar de primera mano las presuntas irregularidades, algunas vinculadas a familiares directos e incluso a miembros de los anteriores equipos de gobierno.
La investigación trata de esclarecer si los máximos responsables del Ayuntamiento de Benicolet en la etapa comprendida entre 2007 y 2015 dejaban dormir los expedientes de restauración urbanística iniciados a raíz de las denuncias interpuestas por vecinos y organismos como el Seprona o la Conselleria de Infraestructuras para evitar sancionar a los propietarios. Los magistrados ven indicios de delito. Apelan a «la absoluta inejecución de las resoluciones dictadas» por el consistorio en los últimos ocho años para señalar la posible intención de dar una «apariencia de actividad administrativa» que en realidad ocultaría «la voluntad de omitir la persecución de las ilegalidades urbanísticas». La Audiencia cree que las pesquisas han de continuar por diversas razones: el elevado número de edificaciones ilegales constatadas con informes oficiales, la «sospechosa relación personal» de los titulares de algunas de ellas con los querellados o la «inexplicable pasividad mostrada» por el consistorio cuando tuvo conocimiento de las ilegalidades, una circunstancia que, según expone el auto, «no podría justificarse ni siquiera por la carencia de medios para inspeccionar» del pequeño municipio, alegada por los denunciados.
La Fiscalía no vio delito penal
El tribunal provincial contradice el criterio de la Fiscalía y del juzgado de Ontinyent, que exculparon a los exalcaldes Mateo Prats (PP) y Antonio Pastor (GIPE), así como a los dos últimos concejales de urbanismo y al anterior secretario municipal después de escuchar sus razonamientos en la fase de diligencias previas. La defensa subraya que los imputados abrieron siempre los expedientes oportunos cada vez que el ayuntamiento tuvo constancia de una denuncia por ilegalidad urbanística, a tiempo que sostiene que éstos no otorgaron ninguna licencia de obras en suelo no urbanizable y que, cuando la conselleria actuaba, el consistorio dictaba las resoluciones pertinentes sin obstaculizar la labor de este organismo. No obstante, en su recurso de apelación, estimado por la Audiencia, el denunciante advirtió de que, aunque formalmente la corporación denegó licencias o requirió la restauración de la legalidad urbanística en diversas ocasiones, los propietarios apelados pudieron edificar sin obstáculos reales, mientras aquellas construcciones que debían ser demolidas por infringir la ley siguen en pie, en algunos casos después de varios años. Un informe de la nueva secretaria municipal acredita que el consistorio no ha cobrado «ni un solo céntimo» por estas sanciones urbanísticas.
