La investigación judicial abierta por presunta prevaricación en el concurso de la planta de basuras de Llanera de Ranes ha puesto en el disparadero una serie de anomalías que rodearon el proceso de adjudicación del contrato, valorado en 95 millones de euros. La causa, iniciada a raíz de la querella interpuesta por un empresario de Alzira con terrenos en la localidad, trata de esclarecer si los dirigentes del Consorcio de Residuos (COR) encargaron un informe «a medida» para justificar la seleción de FCC-Dimesa, cuya oferta fue la segunda peor valorada por la Conselleria de Medio Ambiente.
La denuncia pone en antecedentes a la jueza sobre las discrepancias surgidas en el seno de la comisión técnica encargada de valorar las propuestas de las empresas. Los dos representantes de la Generalitat votaron en contra de la decisión del órgano y emitieron un informe dejando claro que disentían expresamente «de la argumentación, criterios, repartos y puntuaciones aplicados en esta adjudicación», debido a las «omisiones» e «irregularidades» detectadas en las propuestas que, a juicio de los técnicos, debieron motivar «su rechazo por parte de la comisión técnica».
Tal como posteriormente denunciaron por vía contenciosa más de una decena de ayuntamientos, el concurso pudo haber incumplido el pliego de condiciones en lo relativo a la idoneidad geotécnica e hidrológica de los terrenos donde se pretende construir la planta. Según el pliego de condiciones del concurso público, las empresas tenían la obligación de aportar en sus ofertas unos informes que avalaran la idoneidad de los terrenos en los que pretendían construir las instalaciones. La finalidad de estos estudios era acreditar, en una fase previa, que el emplazamiento reunía las condiciones mínimas para acoger la actividad prevista. Según los recurrentes, la mesa de contratación pasó por alto esta cuestión, incluida en las bases del contrato.
Los responsables del COR no ven grietas en el proceso y subrayan siempre que todos los recursos hasta la fecha han sido desestimados por los jueces.
La adjudicación a FCC salió adelante con el visto bueno de los técnicos de los Ayuntamientos de Xàtiva, Gandia y la diputación. Tanto los populares setabenses comandados por Alfonso Rus como los socialistas que gobernaban Gandia se decantaron desde un principio por la oferta de la multinacional vinculada a Esther Koplowitz. Para el empresario querellante, que tenía un acuerdo con Urbaser para construir la planta en sus terrenos —previamente declarados como aptos por la Generalitat—, el informe que dio luz verde a la concesión se emitió de forma «ilegal y anómala».
Dudas sobre la ubicación
FCC-Dimesa ofreció ubicar el vertedero en unos terrenos controlados por otra empresa a la que se comprometió a pagar 8,5 euros por tonelada de basura. Las sociedades competidoras en el concurso impugnaron la adjudicación sosteniendo que este modelo de arrendamiento no estaba contemplado en los pliegos y generaba inseguridad jurídica, ya que el Consorcio no llegaría a ostentar la propiedad del suelo y tendría dificultades para reclamar la reversión en caso de incumplimiento del contrato. El coste millonario de la operación levantó sospechas de un posible pelotazo.
