Marian Popa ha vuelto a estamparse contra un muro en el peregrinaje judicial que emprendió hace 4 años contra el banco que lo desahució. Este vecino de Xàtiva de 34 años sufrió el embargo de su vivienda tras quedarse sin trabajo al año y medio de haberse mudado. Desde ese momento, se embarcó en un procedimiento que lo ha llevado a transitar casi por todos los estamentos en busca de una resolución favorable.
Por el camino acumula una veintena de denuncias y quejas a diferentes organismos como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial. A finales de 2013, Marian y su entorno promovieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque entienden que se les ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías: aseguran que el propietario no estuvo presente en la vivienda cuando el secretario judicial certificó la notificación de su desahucio y solicitan una peritación caligráfica, dado que sostienen que no fue él quien firmó la orden.
Junto a ésta, enumeran otras irregularidades a lo largo del procedimiento de ejecución hipotecaria. En el punto de mira de sus denuncias figuran tanto el banco que, a su juicio, introdujo cláusulas abusivas en el contrato de venta del piso, como el juzgado que tramitó el embargo.
En marzo de 2014, la Comisión Central de Asistencia Gratuita se opuso al acceso de Marian a la justicia gratuita, demandada por éste para poder formular el recurso de amparo ante el Constitucional. La decisión fue revocada en abril de 2015 por un juzgado de Madrid que se mostró más comprensivo con la situación económica del denunciante, que apenas sobrevive con la prestación de desempleo. Tanto él como su hermano Iancu, que lo acoge en su casa y ejerció como avalista en la hipoteca, sufren el embargo de los escasos ingresos que consiguen reunir cada mes a raíz de la deuda de miles de euros que el banco les reclama por romper el compromiso contractual.
El 2 de mayo, Marian recibió una de las pocas buenas noticias que recuerda en los últimos tres años. El Constitucional designó un letrado del turno de oficio para su representación procesal y le concedió un plazo de 30 días para formular la demanda de amparo. El vecino de Xàtiva se dirigió por escrito al abogado para pedir una serie de diligencias, entre ellas la peritación caligráfica que debería determinar si la firma estampada en la notificación de su desahucio comunicada por el juzgado es la suya. Cinco meses después de esta solicitud, sin embargo, aún no ha recibido ninguna respuesta, de modo que personalmente ha vuelto a dirigirse al Constitucional para que intervenga y acelere un proceso envuelto en una maraña de documentos cuyo coste comienza a resultarle inasumible. A su vez, la sala con sede en Madrid ha dado traslado de la queja al letrado asignado.
Procedimiento en punto muerto
El bloqueo del procedimiento, de nuevo en punto muerto, condena a Marian y su hermano a un callejón sin salida. «No están ahogando y no podemos más», claman. El apelante muestra pruebas de que la vivienda que le vendieron carecía de cédula de habitabilidad. La hipoteca la firmó sin apenas saber defenderse con el idioma. El préstamo concertado definía una cuota que se incrementaba a razón de un 2,5% anual y que terminó por no poder pagar.
