Sin obviar los procedimientos de desahucio, que alcanzan lo inhumano y contravienen tanto la Constitución española como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haremos un apunte de los «daños colaterales» de aquellos sin eco en los medios. En mi comunidad de tres vecinos, de Xàtiva, en Junio de 2009 se esfumó la familia del piso tercero de la finca —avergonzados, quizá; era un primer momento—. Pasaba el tiempo, había facturas por abonar y nadie se puso en contacto con nosotros. Averiguamos la entidad bancaria con la que aquellos vecinos tenían suscrita su hipoteca —La Caixa—, pero en sus oficinas a pie de calle nadie quiso entender del engorro. Con perseverancia, supimos de una Oficina de Gestión Inmobiliaria (OGI) de la entidad —ServiHabitat, en Barcelona— para tales menesteres. Nuestras llamadas, en el mejor de los casos eran escuchadas, pero no atendidas. Una y otra vez; siempre por diferentes personas. Pasados varios años, alguien en Barcelona a quien era —y aún es— difícil hacer llegar la comunicación de gastos adeudados, efectúa los abonos transcurridos dos meses desde la notificación. Por lo que nos consideramos afortunados; muchos desconocen el vericueto. Entre tanto, a la finca accedían con llave empleados de inmobiliarias con posibles clientes o sin ellos y, sobre todo, innumerables operarios (fontaneros, electricistas, pintores) ocasionando ruidos, vertidos, «enchufes» a las redes eléctricas y de agua al modo okupa y desperfectos de los que nunca se hicieron cargo. Decían ser «la subcontrata de la subcontrata deee? Sevi-algo». Una y mil veces. Con tal prepotencia y chulería que, tras haber roto la cerradura del portal, amenazaron con llamar a la Policía si les denegábamos el acceso.
En una única ocasión, la OGI comunicó en escueta carta que «es una Sociedad Unipersonal». ¿Y? Respecto a lo que a cualquier Comunidad interesa siguen blindados. Con la nueva cerradura vivimos un poco más tranquilos, pese a que una enviada «de la subcontrata de la subcontrata» preguntó exclusivamente cuándo les íbamos a permitir el acceso. Eso sí, adelantando de nuestro bolsillo las cuantías adeudadas por ese propietario moroso, que es una de las entidades bancarias más poderosas del país, y que realmente nos obliga a efectuar un trabajo para ella cada vez que queremos cobrar sus deudas. Tranquilidad hasta el mes de mayo, cuando comprobamos que alguien —¿un cerrajero?, ¿un caco?— había accedido a nuestra escalera sin disponer de llave del portal ni haberse comunicado en modo alguno con estos vecinos, para cambiar las cerraduras del piso 3º. ¿Cuál será el próximo paso del banco todopoderoso, de su enmascarada OGI o de los hostiles enviados por ella? Parece no haber datos de última hora, pero las cifras de 2014 indicaban más de 400 millones de euros ¡adeudados por la banca! a las comunidades de vecinos en esta situación. Se trata del colectivo moroso en comunidades de propietarios más grande y pudiente de España. E intimidador también. Son muchísimos los vecinos y las comunidades que no pueden esperar a ver saldada la deuda cuando la entidad consiga vender su inmueble. Y en ciertas fincas hay más viviendas en manos de este gran moroso de última generación que de propietarios convencionales. Ante un propietario que ¡desde 2009! no se identifica y con el que resulta sumamente trabajosa la comunicación; que no se siente concernido por sus obligaciones y al que la ley anti-morosidad no es aplicada; que fuerza el adelanto económico de los convecinos y, pensando en el seu negoci, se permite enviar a personal de comportamientos indeseables o, directamente, a asaltantes de fincas,? ¿en manos de quién estamos? Ah, ya. En las de los promotores de los desahucios.
