Seguramente, la justicia tenga que tomarse más tiempo para pronunciarse acerca de los responsables del caso Bankia, el sumario es interminable y la instrucción sigue su curso, pero la alarma social generada por la mayor estafa financiera de la democracia española debería haber acelerado el proceso para dirimir responsabilidades, no sólo económicas sino también penales, si las hubiera.
Cuatro años después de su fracasada salida a Bolsa, los inversores siguen igual. Unos se han quedado sin el dinero que invirtieron y a otros les adjudicaron acciones, sin acudir a la OPA, previa quita del 10% o del 20% de la inversión, según la emisión. Ninguno de los acusados por la estafa de Bankia está en la cárcel. Algunos, incluso, han disfrutado de unas vacaciones paradisíacas. Esperemos que no sea también a costa del erario público. El juez que lleva el caso ha impuesto fianzas millonarias a la cúpula de Bankia (800 millones de euros), que bien podrían servir para indemnizar a los miles de afectados, muchos de ellos jubilados y pensionistas que fueron vilmente engañados con la compra de preferentes y de acciones subordinadas, pero nada de ese dinero, cuyo destino sirve en principio para cubrir la responsabilidad civil y evitar que el acusado huya de la acción de la justicia, ha servido para indemnizar a las víctimas, que siguen peleando denodadamente en los Tribunales de Justicia para que les devuelvan lo que es suyo: sus ahorros de toda la vida.
La justicia ha dado la razón a muchos preferentistas, casi el 90% de los casos, pero los juzgados siguen colapsados por las numerosas demandas impuestas por los afectados y muchos de ellos siguen aún sin poder recuperar sus ahorros. El Estado se ha lavado las manos en este asunto, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad como si el asunto no le incumbiera. Las cajas de ahorro, ahora nacionalizadas eran entidades participadas por el Estado, con capital estatal y no privado, que nacieron con un fin claramente social a diferencia de los bancos. Al margen de la responsabilidad que puedan tener los señores Rato y Blesa, presidentes de Bankia y Caja Madrid respectivamente, la salida a Bolsa de Bankia fue supervisada o al menos debió serlo por el gobernador del Banco de España y la CNMV. Al Gobernador del Banco de España lo nombra el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y la CNMV es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
