El gobierno municipal de Xàtiva se ha topado con una ingente cantidad de expedientes de disciplina urbanística cuya tramitación se encontraba «dormida», pendiente de resolver, al tomar las riendas del ayuntamiento. Los nuevos responsables del área de Urbanismo están procediendo a la revisión de un total de 140 casos iniciados en los últimos diez años contra propietarios de inmuebles. En el punto de mira: infracciones de las ordenanzas municipales, irregularidades constructivas y quejas vecinales.
Los expedientes más antiguos que se acumulan en las dependencias municipales sin resolver se remontan a 2005. En muchos casos, las posibles sanciones económicas derivadas de los incumplimientos han prescrito. El departamento que dirige la regidora Cristina Suñer ha contestado a múltiples instancias pendientes desde 2013 y 2014 y ha emitido diversas órdenes de seguimiento de obras en inmuebles para garantizar el cumplimiento de la normativa. La edil denuncia la «inactividad total» que a su juicio presidió la gestión de la anterior corporación en materia de disciplina urbanística, sobre todo en el casco antiguo. «La maquinaria estaba anquilosada y estamos haciendo que funcione», afirma.
El proceso de revisión iniciado por el equipo de gobierno persigue reclamar las cantidades derivadas de las multas que aún no han prescrito para intentar cobrarlas. El impacto económico de las resoluciones que permanecían en punto muerto no ha trascendido, aunque se estima significativo para las arcas municipales. Tras la investigación interna abierta, no se descarta demandar responsabilidades, según indican fuentes conocedoras.
Otra de las problemáticas con las que se ha encontrado el ejecutivo tiene que ver con la ausencia de fondos previstos este año para dictar órdenes de ejecución subsidiaria dirigidas a los propietarios del casco antiguo que han hecho caso omiso a los requerimientos municipales de forma reiterada para arreglar o consolidar sus inmuebles. Por eso, en 2016 el consistorio prevé dotar una partida en el presupuesto —cuya aprobación provisional podría producirse a finales de este mes— para actuar de oficio cuando el estado de deterioro de determinadas casas así lo requiera. Posteriormente, el coste de la intervención se pasará a cobro al dueño. En caso de que el mismo no cumpla con el pago o esté en paradero desconocido, el departamento estudiaría la posibilidad de adjudicarse el edificio. Hasta ahora estas actuaciones no disponían de ninguna consignación presupuestaria. Esta medida se plantea en una serie de edificios del casco antigo de especial relevancia en los que es urgente actuar. Para ello, advierte la responsable del área, hace falta dinero.
Dureza con las infracciones
La corporación ha aplicado ya multas coercitivas a vecinos que no ejecutan obras de consolidación exigidas y ha endurecido su línea con la indisciplina urbanística. A comienzos de mes, Suñer ordenó paralizar unas obras sin permiso en una casa de la calle Engai y abrió expediente sancionador al responsable tras derribar una fachada protegida. Hoy el lugar permanece lleno de cascotes.
