02 de noviembre de 2015
02.11.2015

Procesan a dos exalcaldes de Ontinyent por presunta irregularidad urbanística

La juez instructora concluye que hay indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa

02.11.2015 | 16:37

El Juzgado de Instrucción 1 de Ontinyent ha procesado por presuntas irregularidades urbanísticas al exalcalde de Ontinyent Manuel Reguart Penadés (PSPV), así como al también exalcalde y concejal de Urbanismo Rafael Portero (Bloc) y a Filiberto Tortosa (PP), también exconcejal de Urbanismo.

En un auto al que ha tenido acceso hoy EFE, la juez instructora mantiene también la imputación contra el arquitecto jefe, el arquitecto técnico del Ayuntamiento y una funcionaria de Urbanismo.

La juez concluye que hay indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa respecto de estas personas y, por otro lado, acuerda el sobreseimiento respecto a otras siete.

La juez pone así fin a la instrucción de la causa, dicta auto de Procedimiento Abreviado en la misma y la deja preparada para la celebración del juicio si las acusaciones lo solicitan, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Según recoge el auto, la causa parte de las denuncias presentadas ante este Juzgado por la Asociación en defensa de "les casetes d'Ontinyent" (Adeca), cuyos asociados iniciaron la construcción de sus inmuebles en 2004 con el "convencimiento" de que estaban "llevando a cabo algo normal".

Según los denunciantes, llegó orden de paralizar las obras e incoación de expediente "solo a catorce, mientras que se estaba construyendo unas 250 viviendas", entre ellas las de "allegados a miembros del Ayuntamiento y funcionarios del mismo", como por ejemplo el hermano del alcalde.

A estos "no se abrió el correspondiente expediente", una circunstancia que se denunció ante el Ayuntamiento "en dos ocasiones", aunque "se archivaron todos los expedientes" denunciados por Adeca, en lo que esta vio "agravio comparativo".

Tras la denuncia de la asociación de julio de 2008, se iniciaron los expedientes de estas viviendas, pero "tras año y medio y después de que hubiera pasado tiempo para incoarlos", lo que "contrasta con la rapidez con que se tramitaron los expedientes de las edificaciones de los miembros de Adeca".

La jueza instructora señala ahora que de las diligencias de investigación practicadas se desprende la existencia de "indicios racionales de criminalidad" que permiten imputar a los procesados.

Según la jueza, estas personas no "hicieron nada para incoar los expedientes" de diferentes edificaciones localizadas ni para conocer la situación de otras cuya ubicación se desconocía.

Por ley, el responsable directo de ello era Reguart, como "jefe de todos los servicios municipales" y debía, así, aplicar la normativa urbanística.

Respecto a Rafael Portero, el auto afirma que como concejal de Urbanismo tenía las mismas funciones que el alcalde y no se abstuvo de intervenir pese a que una de las edificaciones denunciadas era propiedad de los familiares de su mujer.

Entre otros, debían hacer cumplir que cualquier obra que se realizara sin licencia o sin ajustarse al planeamiento y normativa no se consolidara, sino que fuera demolida, para lo que se da a la Administración municipal un plazo de cuatro años, desde la terminación de la edificación, para incoar el correspondiente expediente de restauración de la legalidad.

Si el expediente no es incoado dentro de dicho plazo, la edificación, por muy contraria que sea a la legalidad urbanística, ya no puede ser demolida.

De este modo, "con su conducta omisiva", Reguart "infringió claramente las normas procedimentales y sustantivas que regulan la materia desde el 2 de enero de 2006, fecha en que se presentó la primera denuncia por Adeca, hasta su cese en el cargo, el 16 de junio de 2007".

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