La ausencia de tiempo material va a impedir a la nueva asamblea del Consorcio de Residuos (COR) dar luz verde antes de 2016 a una modificación de la tasa de transferencia y eliminación de la basura que abonan los contribuyentes de la Safor, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida y el Valle de Ayora. Esta circunstancia comporta una prórroga provisional de la ordenanza fiscal de 2015 y dificulta que los cambios que pretenden aplicar los nuevos gestores se plasmen en el próximo recibo.
En junio, con el mandato agotado, el entonces presidente en funciones, Vicente Parra, llevó a la asamblea „con el respaldo de los técnicos„la aprobación inicial de la ordenanza de 2016, cuyo borrador contemplaba un aumento de dos euros de media en la tasa, motivado por la alteración del canon de transporte de la basura. Sin embargo, los alcaldes forzaron la retirada del punto del orden del día al entender que no correspondía a la corporación saliente adoptar una decisión de tal magnitud, después del profundo cambio en la composición de los ayuntamientos tras las elecciones.
La interventora advirtió entonces de la imposibilidad de cumplir los trámites y de aplicar la modificación de la ordenanza „necesaria para equilibrar gastos e ingresos„ dentro de los plazos establecidos si se aplazaba su aprobación. La constitución de la nueva asamblea, para colmo, estaba prevista en octubre y terminó demorándose hasta principios de noviembre.
Proceso de revisión
Ayer fue designada la nueva junta de gobierno del COR y su presidente, Roger Cerdà, subrayó que el «primer paso» en la hoja de ruta del órgano ha de ser abordar la «revisión» de la tasa, donde se centran ahora todos los esfuerzos. Aunque de momento no pone fechas, Cerdà avanza que una comisión específica explorará la posibilidad no solo de introducir rebajas en el recibo aumentando la eficiencia del servicio, sino incluso de «repensar» la fórmula de pago. El presidente quiere intentar que sean los ayuntamientos o mancomunidades quienes lo asuman para suavizar el impacto sobre los vecinos, una opción que requeriría de un cambio normativo. La urgencia de los plazos y la necesidad de ajustar los ingresos a los gastos del contrato vigente con la adjudicataria, Vytrusa, complican que en 2016 pueda llevarse a cabo una bajada de calado en la tasa como la que los alcaldes reclaman con urgencia.
