La Asociación de Propietarios del PAI Cànyoles, que engloba a vecinos con terrenos inmersos en diversos programas urbanísticos pendientes de desarrollar en Xàtiva, ha registrado esta semana en el ayuntamiento una serie de alegaciones al presupuesto de 2016 elaborado por el equipo de gobierno. El colectivo dirige su reclamación a las partidas de ingresos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tras constatar que las sumas previstas por este concepto permanecen prácticamente intactas en las cuentas respecto al ejercicio anterior.
La asociación censura que, pese a las promesas del tripartito, el consistorio sigue consignando la recaudación derivada de la contribución urbana a la que están sometidas numerosas fincas de uso agrícola incluidas durante la época del ladrillo en planes urbanísticos que no van a ejecutarse en la actual coyuntura y cuya caducidad se ha ido declarando durante los últimos años. Los campos de cultivo afectados están sometidos a una tributación desmedida que no corresponde con el valor real del suelo. El colectivo del Cànyoles contabiliza más de 2.000 parcelas en esta situación solamente en el sector Albaida. La asociación estima que el número de propietarios afectados por este escenario en Xàtiva «puede superar fácilmente los 300», cifra que, a su juicio, ofrece una idea de la «falta de realismo» que arroja la partida de ingresos del IBI, puesto que «se sustenta en la ficción de considerar solares o suelo urbano una parte importante del campo de cultivo» del término municipal.
La entidad considera que la «ilegalidad» de cobrar el IBI urbano a los terrenos agrarios sin desarrollo urbanístico «esta totalmente demostrada» a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2014 provocó un terremoto en los ayuntamientos y ha obligado al Estado a modificar la ley. La asociación mantiene contenciosos abiertos contra la administración por esta cuestión, aunque por el momento no ha visto satisfechas sus demandas. Los propietarios aseguran tener «argumentos legales» que les asisten y recuerdan a los partidos que integran el gobierno municipal que incluyeron sus demandas en los programas electorales. La regidoría de Urbanismo ha anunciado una rebaja del 94% en el IBI para los afectados del Cànyoles, pero la medida no se hará efectiva hasta 2017, puesto que precisa de una larga tramitación que pasa por la descatalogación del sector y la reversión del suelo sujeto al anterior PAI.
Desde el área de Hacienda lamentan no poder atender de forma inmediata las reclamaciones y afirman estar «a la espera» de los cambios normativos a nivel autonómico. Mientras el Catastro mantenga la catalogación de los terrenos, sostienen, ha de girarse el IBI urbano. Las alegaciones, que se abordarán en comisión mañana, tiran por tierra los planes del ejecutivo de aprobar de manera definitiva el presupuesto en el pleno del 28 de noviembre y alargarán el trámite hasta el 19 de diciembre.
