El Tribunal de Cuentas ha concluido la fase de instrucción del procedimiento iniciado en torno al Ayuntamiento de Vallada a raíz del pago indebido de 3,8 millones de euros a la UTE adjudicataria de las obras de urbanización de Valpark, paralizadas de forma indefinida. El acta de liquidación provisional practicada el miércoles por la delegada instructora de la investigación cuestiona, entre otras decisiones, la fórmula que empleaba el consistorio para computar los trabajos del malogrado parque logístico. Entre 2008 y 2009, la corporación autorizó una decena certificaciones por un importe superior a la obra realmente ejecutada e incluyó en las mismas un saldo que le daba derecho al a la realización posterior de mejoras.
La instructora considera esta actuación «irregular» porque «supone una falta de veracidad en la acreditación de la realidad de la obra». A pesar de que las citadas mejoras nunca llegaron si quiera a ser encargadas por el ayuntamiento ni a ser ejecutadas por las empresas, el exalcalde de la localidad Vicente Perales (AIPV) y el secretario municipal aceptaron la reclamación formulada por las adjudicatarias para cobrar por este concepto 3,3 millones de euros a través del Plan de pago a proveedores habilitado en 2012 por el Ministerio de Hacienda. Para justificar la inclusión de la factura en este mecanismo, Perales se amparó en una sentencia de primera instancia que había reconocido el derecho de la UTE de percibir el citado importe, calculado en base al porcentaje correspondiente de mejoras respecto a las obras realizadas hasta la paralización de los trabajos. Cuando se procedió al pago, sin embargo, el fallo se encontraba apelado, no era firme y no existía ninguna orden de ejecución del mismo. Con posterioridad, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia y confirmó la improcedencia del mismo.
La delegada del Tribunal de Cuentas reprocha al secretario de Vallada que certificara la obligación de transferir la cantidad a la UTE a través del Plan Montoro «sin ninguna justificación» y muestra su sorpresa ante el argumento que tanto éste como el exalcalde expresaron durante la fase de instrucción para excusarse de responsabilidades, subrayando que el pago material no lo realizó el consistorio de Vallada sino el ICO mediante el crédito concedido.
No exige responsabilidad contable
La instructora recalca que éste hecho «no exime al ayuntamiento de responsabilidad alguna, ni de la obligación de devolver el préstamo, junto con los intereses legales correspondientes» y sostiene que el secretario debería de haber rechazado la solicitud de la UTE de cobrar los 3,3 millones en mejoras no ejecutadas porque no cumplía los requisitos establecidos por Hacienda para acogerse al plan.
El propio técnico, durante el procedimiento, admitió en un escrito que el pago nunca debió incluirse en el mecanismo, aunque alegó que la petición de la empresa «confundió a la administración» por «la proximidad de la finalización del plazo» concedido por el Ministerio para adherirse.
Sin embargo, tras examinar las diligencias recabadas a raíz de la denuncia presentada por el PSPV en 2014, la instructora concluye que los hechos no son susceptibles de un presunto alcance contable en los fondos públicos y no ve razones para exigir responsabilidades por una clara razón: el importe de los 3,3 millones ha sido reclamado a la empresa y está recurrido por la vía contenciosa, de modo que «no se pueda hablar de un daño real y efectivo en el momento actual». En cualquier caso, queda a expensas de si la sección de enjuiciamiento del Tribunal decide continuar con el proceso.
La misma regla se aplica ante la reclamación de los socialistas relativa al error en el cálculo de la indemnización abonada a la UTE por el lucro cesante derivado de la resolución del contrato en 2012, que computó 305.000 euros de gastos generales de unas obras tampoco materializadas. El ayuntamiento declaró la lesividad de este y de otro pago asociado al tipo de IVA, pero su anulación está pendiente de un recurso en los tribunales. La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa (PSPV), avanza que, en caso de que estas reclamaciones resulten desfavorables y el consistorio no pueda recuperar lo abonado indebidamente, instará al Tribunal de Cuentas a continuar con el procedimiento para exigir responsabilidades.
