El pleno del Ayuntamiento de Xàtiva acordó el sábado por unanimidad la derogación del Plan Parcial del sector Cànyoles, un programa urbanístico parido hace casi una década, durante la etapa de Alfonso Rus. El trámite deja el camino libre a la desprogramación de 37,5 hectáreas de terrenos reclasificados de rústicos a industriales en pleno boom inmobiliario. Con esta medida, el equipo de gobierno pretende que alrededor de una treintena de propietarios afectados por la paralización del polígono puedan beneficiarse de la rebaja del IBI prevista por la Dirección General del Catastro para las parcelas de uso y naturaleza agrícola que tributan como urbanas a pesar de que el desarrollo proyectado en su seno, truncado con la crisis del ladrillo, no tiene expectativas de retomarse.
La regidora de Urbanismo, Cristina Suñer, reiteró el compromiso de la corporación de que en un futuro el suelo incluido en este PAI „la mayor parte ocupado por campos de cultivo„ vuelva a su catalogación rústica inicial para poner fin a los «gravámenes insoportables» que han conducido a muchos agricultores a verse privados de sus tierras. El valor catastral hinchado deriva en pagos que de media alcanzan los 25 euros por metro cuadrado: 500 m2 de naranjos pueden costar 12.500 euros de IBI en esta zona. El recibo de la contribución mantiene en pie de guerra en los tribunales a la Asociación de Propietarios del Cànyoles, que da cabida a medio centenar de afectados por la paralización de este plan y de otro PAI industrial, el del sector Albaida.
El programa de actuación del Cànyoles fue adjudicado en enero de 2006 a una empresa recién constituida y sin empleados, por un importe de 9 millones de euros. En 2012, forzado por la propia Suñer „como portavoz de Compromís en la oposición„ el equipo de gobierno del PP inició los trámites para resolver la adjudicación del PAI „situado junto a la antigua fábrica de Maderas Torró„ puesto que el urbanizador había incumplido los plazos previstos: ni siquiera había presentado el proyecto de reparcelación. La burbuja inmobiliaria había estallado ya. El acuerdo adoptado el sábado sienta las bases de la futura desclasificación del suelo. Suñer advirtió de que se trata de «un paso más» en el camino iniciado en 2012, pero ni mucho menos el final del largo recorrido administrativo que exige la ley.
Modificación puntual del PGOU
Una vez se resuelvan las alegaciones y la conselleria dé el visto bueno a la derogación del Plan, los terrenos mantendrán su catalogación como urbanizables, pero al no estar programados los propietarios podrán acogerse a la normativa diseñada por el Ministerio de Hacienda para cumplir la ley después de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2014 declaró ilegal el cobro del IBI urbano en este tipo de parcelas. El siguiente paso, explicó Suñer, requiere de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Xàtiva para devolver el suelo a su naturaleza rústica original. La edil afirmó que otros PAI similares como el Albaida „también industrial„ seguirán el mismo camino, aunque la tramitación de este programa adjudicado a Llanera resulta más compleja por sus características.
Con la idea de retomar la urbanización del Cànyoles en un futuro, el PP se opuso a la desclasificación en el anterior mandato, alegando que los propietarios de la mayor parte del suelo „entre ellos los adjudicatarios del PAI„ estaban en contra. La nueva corporación, en cambio, cierra la puerta al proyecto. «Hay una excesiva programación e industrialización de los terrenos de la ciudad. La especulación se ha de reconducir a parámetros de normalidad: el suelo de uso agrícola ha de volver a ser agrícola», sentenció Suñer.
