La investigación seguida por un juzgado de Xàtiva en torno al presunto «amaño» de la adjudicación de la planta de tratamiento y vertedero de Llanera de Ranes ha conducido al Consorcio de Residuos (COR) que gestiona la basura de cinco comarcas a ofrecer su máxima colaboración con la justicia y a iniciar un proceso para revisar este y otros contratos de la anterior etapa de gobierno.
La causa, originada a raíz de la querella de un constructor que el lunes compareció durante tres horas ante la jueza, mantiene a nueve imputados, entre ellos, el expresidente del COR, la mesa técnica que validó el concurso público y los representantes de la UTE finalmente adjudicataria, Vytrusa (FCC-Dimesa).
Cuando se constituyó la nueva entidad surgida de las elecciones, Compromís pidió la apertura de una comisión de investigación interna para clarificar al detalle la adjudicación de la gestión de la basura de las cinco comarcas a Vytrusa, así como una auditoría que certificara que los pesajes y el tratamiento de los residuos se corresponde con las cantidades que que realmente se cobran al ciudadano. La coalición incluso llegó a plantear hace unas semanas que se rompan los acuerdos vigentes con la UTE «por sus incumplimientos», puesto que la empresa no ha ejecutado las instalaciones a las que se comprometió en el contrato adjudicado en 2009.
Está posibilidad fue meditada en un principio también por el PSPV, que ostenta la presidencia del ente a través del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, aunque ha terminado quedando aparcada por la posible indemnización económica que podría llevar aparejada. En una entrevista concedida a este diario, Cerdà anunció una revisión en profundidad de la adjudicación, aunque se mostró más partidario de «dejar trabajar a la justicia» antes que de crear una comisión de investigación, al entender que solo los tribunales pueden «arrojar luz en los puntos oscuros del proceso» y determinar si realmente hubo algún trato de favor. Aunque mostrándose cauto por las implicaciones penales de la causa abierta, Cerdà urgió a la justicia a esclarecer los hechos «lo más rápido posible».
Compromiso de transparencia
En la junta de gobierno de hoy podría comenzar a abrirse el camino. El vicepresidente del Consorcio y alcalde de Compromís en la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, subrayó ayer que la coalición espera recibir información solicitada sobre la adjudicación para revisar el proceso. A partir de ahí, insiste en que han de tomarse medidas: la comisión de investigación es una. En cualquier caso, Muñoz pide «paciencia» y «tiempo» para examinar con calma la documentación.
El secretario comarcal del PSPV en la Costera, Xavier Simón, por su parte, aseguró ayer que el tiempo «está dando la razón» a esta formación cuando denunció «que el Consorcio y el vertedero olían muy mal desde el principio». «Nos molesta que hayan jugado con nuestro dinero. Que la corrupción se haya trasladado al Consorcio es algo muy preocupante para la sociedad», dijo Simón, quien subrayó el compromiso de «máxima transparencia» del PSPV y de otros partidos presentes en la nueva ejecutiva del Consorcio. «Va a saberse hasta la última peseta y, si hay algo ilegal, pediremos a los responsables que devuelvan todo el dinero. La gente va a saber con total claridad lo que ha pasado», apostilló el secretario comarcal.
Las dudas que plantea el proyecto del vertedero también desde el punto de vista medioambiental mantienen de momento en stand by la construcción de las instalaciones, a las que la Conselleria de Medio Ambiente aún no ha dado los permisos ambientales, mientras la Generalitat estudia cómo reformular el planeamiento autonómico en materia de residuos.
