Las acusaciones de enchufismo han destapado la caja de los truenos en el Ayuntamiento de Xàtiva, donde el PP y el gobierno municipal intercambiaron ayer duras palabras a cuenta del último plan de ocupación promovido con fondos de la diputación. La prueba práctica exigida en el procedimiento de baremación de los candidatos ocupa el espacio central de la controversia. Un grupo de vecinos registró hace días una instancia pidiendo que esta examen fuera realizado por personal externo y no por trabajadores municipales para evitar «favoritismos» y se concentró a las puertas del consistorio para protestar por los resultados.
El PP asegura haberse visto «desbordado» por las quejas y acusa al tripartito de convertir un programa de ayuda a parados «en un cambalache de favores y enchufes». Los populares ponen en tela de juicio la objetividad de los exámenes prácticos y defendieron los criterios de valoración económico-familiares en los procesos de selección desarrollados en los últimos años. La formación cita testimonios anónimos para criticar la ausencia de examinadores «en la mayoría de pruebas» y cuestiona la cifra de 49 reclamaciones registradas durante el proceso expuesta por el gobierno municipal porque, según el PP, a los vecinos disconformes con su baremación «les animaban a reclamar de palabra». Ambos extremos fueron negados ayer con rotundidad por el ejecutivo. Según los populares, «las personas que han quedado excluidas coinciden en la falta de transparencia en las contrataciones y en el trato indigno recibido», puesto que, añaden, «han sido utilizados para limpiar y adecuar espacios con la excusa de una prueba que en algunos casos duraba más de una hora». La formación vaticina que en las próximas semanas se presentarán «varias decenas de reclamaciones» tras cerrarse el plazo inicial concedido. En un primer comunicado remitido ayer a los medios, el PP apuntó a la relación de los puestos de trabajo otorgados «o bien con los examinadores, o bien con familiares de los concejales». Dos horas después, sin embargo, el grupo en la oposición rectificó y envió una nueva nota que omitía esta acusación.
«Clientelismo marca de la casa»
Pero era tarde. El ayuntamiento ya había lanzado un desmentido en el que el concejal de Hacienda, Ignacio Reig, respondió con contundencia al PP, citando a varios de los regidores de la formación con «familiares directos colocados a dedo y con contratos indefinidos sin haber superado ningún proceso de selección» en el ayuntamiento. El edil reprochó a los populares la ausencia de concursos-oposición durante sus 20 años de gobierno y les acusó de «hacer del clientelismo y la corrupción marca de la casa», así como de «difamar a los trabajadores municipales».
