El exalcalde de l'Olleria, José Vidal, contrató los servicios de una empresa de investigación para controlar las tareas desarrolladas por los trabajadores adscritos a la contrata municipal de limpieza viaria. Según desveló ayer el equipo de gobierno (PSPV-Compromís), el encargo de la anterior corporación PP-GdO dirigido a una firma de detectives habría motivado el seguimiento concreto de un empleado a lo largo de toda su jornada laboral para supervisar el cumplimiento de las funciones que tenía asignadas. El informe, fruto de una investigación que se desplegó entre enero y mayo de este año, fue entregado en el ayuntamiento el 10 de junio y consta de más de 80 páginas.
El ejecutivo de izquierdas cifró el coste del servicio en 1.106 euros y aireó dos facturas de 553 euros que fueron registradas en la corporación tan solo tres días antes de que el relevo al frente del gobierno municipal se hiciera efectivo, tras las elecciones del 24M. Los recibos fueron sellados y validados tanto por el exalcalde Vidal „en calidad de regidor del área de Servicios„ como por el jefe del departamento.
Fuentes municipales subrayan la «sorpresa mayúscula» al descubrir la orden de pago. El actual alcalde, Julià Engo (Compromís) manifesta su incredulidad y cuestiona el hecho de que el ayuntamiento contratara a un detective privado para seguir a un trabajador de un empresa que presta un servicio al propio consistorio, tras tildar de «intolerable» e «intimidatoria» la actitud de su predecesor, a quien acusó de «invadir los derechos laborales».
José Vidal salió ayer al paso de las acusaciones para defender la contratación de la empresa especializada en seguimientos en virtud de las «deficiencias notables» de las que adolece el servicio de limpieza viaria de la población, una circunstancia que había provocado «multitud de quejas de los vecinos», sobre todo porque el citado servicio no llegaba por igual a todas las calles y barrios de la población. «La queja generalizada era que los trabajadores se dedicaban más a pasear y a descansar que a limpiar las calles», expone en un comunicado difundido por el PP de l'Olleria.
La corporación comunicó las carencias del servicio a la encargada de la contrata, que se comprometió a «hablar con los trabajadores afectados». Pese a ello, Vidal sostiene que «el tiempo pasaba y las deficiencias no se subsanaban», de modo que el ayuntamiento volvió a reiterar las quejas «en varias ocasiones más», manifestando la responsable que ella «estaba cansada de comentarlo a los trabajadores pero que alguno no le hacía caso».
Compras en horario de trabajo
El regidor de Servicios llegó a mantener una reunión a solas con la encargada y un trabajador señalado, pero la actividad de limpieza siguió sin mejorar. Ante las infructuosas gestiones y la necesidad de «poder probar fehacientemente las deficiencias del servicio público», el equipo de gobierno encargó un primer control a una empresa especializada que «verificó» los incumplimientos contractuales. Según el exalcalde, fueron los responsables de zona de la firma quienes propusieron, en un encuentro posterior, un nuevo control «más actualizado» para solucionar el problema.
El informe definitivo acreditaría con pruebas documentales las causas de las deficiencias del servicio de limpieza viaria y probaría, según expone el PP, que «alguno de los trabajadores» durante la jornada laboral «efectúa compras particulares y dedica gran parte del tiempo a fumar y descansar detrás de vehículos estacionados en la vía pública e incluso sentado en los portales de entrada a edificios». Vidal defiende que su concejalía «actuó siempre dentro de la estricta legalidad y cumpliendo con su obligación de ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de la máxima calidad posible» acordes a lo que paga el consistorio.
El teniente de alcalde de l'Olleria, Héctor Such (PSPV), sin embargo, acusó al exalcalde de actuar «como si el ayuntamiento fuera propiedad suya». El edil calificó de «dictatorial» su actitud y le recriminó un trato desigual a los vecinos «en función de su posicionamiento ideológico». Vidal negó la mayor y criticó al bipartito por publicar un comunicado político usando canales públicos.
