El propietario de la constructora Palermo Salve 2000, SL, Ignacio C. P., aceptó ayer un año de prisión y una multa de 930 euros por estafar a la empresa que ejecutó la tercera fase de las obras de la Casa de Cultura de Genovés. El juicio por conformidad en el que el constructor reconoció los hechos se celebró ayer en la sección tercera de la Audiencia de Valencia.
La empresa Palermo Salve 2000, SL, también ha sido condenada como responsable civil subsidiaria a pagar 75.086,90 euros, el coste de las obras en el edificio municipal, que ejecutó realmente una empresa ajena a toda la estafa.
Los hechos enjuiciados se remontan al año 2003. El Ayuntamiento de Genovés adjudicó la tercera fase de las obras de la Casa de Cultura de Genovés por 69.981,68 euros a la mercantil Malseny Construcciones, SL. El administrador de hecho de esta última mercantil, José Luis R. «elaboró un plan defraudatorio, con el ánimo de obtener un ilícito beneficio a costa del patrimonio ajeno» junto al acusado Ignacio C. P. y la empresa Palermo Salve, SL. Esta última sociedad subcontrató las obras en la Casa de Cultura, por 75.086,90 euros haciendo creer al subcontratista que era la adjudicataria real, cuando en realidad la verdadera contratista era Malseny Construcciones, SL.
La empresa Palermo Salve 2000, SL, hizo esta maniobra de subcontratación «a pesar de carecer de ningún tipo de saldo, ni activo patrimonial y siendo plenamente consciente de que no iba a abonar cantidad alguna por dicha ejecución». De esta manera, según el relato de la fiscalía, el acusado Ignacio C. P. «podría conseguir que el Ayuntamiento de Genovés pagara la obra adjudicada a Malseny Construcciones, SL, e impedir» a la empresa estafada (y que ejecutó realmente las obras) el cobro de la misma y la posibilidad de reclamar importe alguno» ya que la intermediaria, Palermo Salve 2000, SL, era «manifiestamente insolvente», especifican
La sociedad estafada, y que realizó las obras de reforma en la casa de cultura de Genovés, además del dinero que tuvo que adelantar (75.0856,93 euros) también pagó otros 1.511,93 euros por «unos pagarés devueltos por inexistencia de fondos» al intentar cobrar dos cheques que le entregó el ahora condenado, Ignacio C. P.
Este último carecía de antecedentes penales cuando sucedieron los hechos (en 2003). Pero tras los doce años transcurridos, la investigación por esta estafa, realizada desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva, permitió descubrir que Ignacio C. P. y José Luis R. han cometido hechos similares por toda España. De hecho, a la causa se han aportado sentencias condenatorias firmes de las Audiencias de Sevilla, Huesca (dos distintas), Huelva, Badajoz, Valladolid y Vizcaya. El cómplice del ahora condenado, José Luis R., no fue imputado inicialmente en la querella de Genovés por lo que cualquier acción penal contra él prescribió y no ha sido incluido en la causa, que estuvo paralizada dos años (entre 2008 y 2009 y entre 2012 y 2013) «por causa no imputable al acusado», según la sentencia.
