La Asociación de Propietarios del Cànyoles ve en el fallo de lo contencioso el argumento definitivo para exigir al ayuntamiento que frene en 2016 el cobro del IBI urbano en parcelas de naturaleza agraria sujetas a programas urbanísticos caducados y sin expectativas de desarrollo. Aunque el gobierno municipal se ha comprometido a una rebaja sustancial del recibo con los afectados del PAI Cànyoles, no hay una fecha concreta de cuándo se aplicará la medida. Lo mismo ocurre con el PAI Albaida. El ejecutivo sostienen que hay que esperar al largo proceso de desprogramación del Cànyoles iniciado en noviembre para comunicar a Catastro la nueva situación de los terrenos y que pueda modificarse el IBI. El colectivo se apoya en la sentencia y asegura que para ello basta con la resolución del PAI ya aprobada.
