Después de 5 años de movilizaciones, la batalla vecinal surgida para frenar la planta de residuos animales que una empresa proyecta en la Pobla del Duc mantiene vivo el pulso con la administración. Alrededor de 200 personas cortaron el domingo por la mañana la CV-60 en una nueva marcha multitudinaria que cumplió su propósito: dar un toque de atención a la Generalitat respecto a la promesa del bipartito de paralizar las instalaciones, cuando han transcurrido más de siete meses desde las elecciones autonómicas.
Más de 40 asociaciones de la Val d'Albaida y otras comarcas integran la plataforma que rechaza un proyecto que el manifiesto de la protesta tachó de «aberrante». Los organizadores denunciaron un proceso administrativo a su juicio «lleno de irregularidades y de oscurantismo», a través del cual los promotores de la planta obtuvieron de la conselleria los permisos ambientales necesarios para construirla. El texto leído durante la marcha cuesionó la actuación de todos los partidos políticos «que han hecho de nuestra protesta una campaña electoral» y recordó que la plataforma está vigilante para que los compromisos se cumplan. «La planta ni la queremos, ni la necesitamos: el pueblo manda y el gobierno obedece», enfatizaron los manifestantes.
Diversos representantes políticos se sumaron a la convocatoria del domingo, que recorrió un tramo de la carretera CV-60 entre Bélgida la Pobla del Duc, cortado al tráfico por la Guardia Civil en los dos sentidos. Entre los asistentes no faltaron los alcaldes de de Otos, Bèlgida o la Pobla del Duc y otros regidores de Alfarrasí, Palomar u Ontinyent. Por primera vez, también participaron cargos de la Generalitat. Es el caso de Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y dirigente de Compromís, que reiteró la firme oposición de su departamento a la planta. Como informó este diario, la conselleria mantiene los permisos reglamentariamente concedidos a la instalación por el anterior gobierno autonómico bajo la recomendación de los técnicos, que antes de actuar emplazan a aguardar a los movimientos que puedan realizar los promotores de las instalaciones y a que se resuelvan los diferentes procesos judiciales abiertos a raíz de los recursos interpuestos por la Pobla del Duc.
