La deuda contabilizada por el área de Hacienda de Xàtiva deja en el aire un importe de 3,13 millones de euros correspondiente a una serie de reclamaciones cuyo pago se encuentra en stand by, o bien a la espera de resolución judicial firme o bien porque ha de ser revisado por los técnicos municipales, dada su dudosa legalidad. El estudio económico aireado ayer por el tripartito destapa en esta relación un total de 14 obras menores promovidas durante la etapa de gobierno del PP cuyos expedientes de contratación no han sido localizados en el ayuntamiento. El coste sí está cuantificado: 215.700 euros.

El ejecutivo acusa a la anterior corporación de ordenar actuaciones «irregulares» y «sin ningún tipo de control» y estudia la posibilidad de abrir expedientes de responsabilidad patrimonial en el caso de las facturas que «no están claras». Muchas de las obras bajo sospecha ya están abonadas, según indican fuentes municipales.

En el capítulo de reclamaciones pendientes de resolución judicial que podrían engrosar el pasivo municipal destacan los 1,15 millones de euros que exige Acciona por la liquidación final de las obras de la Ciutat de l'Esport. La empresa mantiene abierto un litigio en los tribunales con el ayuntamiento después de la negativa de la administración local de asumir una serie de sobrecostes con los que se zanjaron los trabajos.

El informe económico, en cambio, sí que considera como deuda firme la sentencia que condena al consistorio de Xàtiva a abonar a la multinacional FCC, SA 393.000 euros por el Centre Cultural (CCX), a raíz de las discrepancias en la liquidación de las obras, que dio como resultado un saldo favorable a la constructora vinculada a Esther Koplowitz. A la hora de presentar los datos de la auditoría, el regidor de Hacienda, Ignacio Reig, puso el acento en «el protagonismo de FCC» en la relación de deudas pendientes y reclamaciones. Como ha contado en diversas ocasiones este diario, el gobierno de Alfonso Rus mantuvo durante su último mandato una guerra abierta con la empresa, que fue apartada del servicio de recogida de la basura y apercibida por su gestión tanto en esta contrata como en la de la limpieza de edificios. A su vez, FCC inició una batería de reclamaciones contra la corporación. Además de la sentencia del CCX, la auditoría incluye una deuda con la firma de 175.733 euros derivada de una revisión de precios y 38.156 euros adicionales por intereses de demora. Esta cantidad podría incrementarse si el juzgado estima el pago de 47.730 euros que exige FCC por la liquidación del servicio de recogida de la basura de 2012.

El alcalde, Roger Cerdà, atribuyó ayer los problemas con la mercantil a la «ruptura de relaciones» entre Rus y Vicente Parra tras la adjudicación del vertedero de Llanera.

Intereses de demora de la EPA

Otra sentencia desfavorable obliga a pagar 194.211 euros por los intereses de la obra de la EPA a la empresa Construcciones Arción, SA. El consistorio también asume el pago de la liquidación del contrato de la concesión de la Casa Llum, que según la regidora Cristina sSuñer fue «ilegal».

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