La Generalitat se ha comprometido a poner en régimen de alquiler la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) que permanecen deshabitadas durante más de durante años en la urbanización Camps de Betilla de Albaida, en pleno barrio de «Los Bitxitos». Se trata de 62 casas que engrosan la cartera de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), cuyo acceso hasta ahora quedaba restringido a la fórmula de la compraventa, bajo un precio que ahuyentaba a los posibles compradores.
En 2011, el gobierno municipal inició una cruzada en la Conselleria de Vivienda para dar salida a los pisos, que fueron objeto de todo tipo de robos, desvalijados como consecuencia del abandono. La urbanización de VPO fue promovida en los tiempos de Rafael Blasco como conseller, en 2004. De los 72 inmuebles construidos, el antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) solo encontró moradores para una decena. La firma pública propietaria quedó inmersa en un ERE que ralentizó todos los trámites. Aunque el ayuntamiento logró que el precio de las casas se rebajara más de un 10%, la demanda sigue sin concretarse.
Ahora, la conselleria incluye la promoción de Albaida dentro del anunciado Plan de Dignificación de Viviendas y proyecta una nueva fórmula para modificar el régimen jurídico de uso de las VPO con tal de que puedan ofertarse, indistintamente, en régimen de venta, alquiler o alquiler con derecho a compra, para facilitar el acceso a nuevos inquilinos. Los destinatarios serían familias con dificultades para llegar a fin de mes o jóvenes que no tienen capacidad de comprar una casa y que en ningún caso pagarían más de un 30 % de sus ingresos. No se fijaría un precio de mercado, sino que estaría basado en lo que cada núcleo familiar ingrese mensualmente.
Sondeo de posibles interesados
Hace escasos días, la consellera Mª José Salvador se reunió con alcaldes de 12 localidades afectadas por el bloqueo de VPO, entre ellos el de Albaida, Josep Albert. El ayuntamiento mantiene un contacto permanente con el EIGE y, de momento, va a sondear a los posibles candidatos interesados en ocupar los inmuebles antes de que se fijen los nuevos precios.
