El pulso de la multinacional FCC con el Ayuntamiento de Xàtiva continúa con Alfonso Rus fuera de la administración. La concesionaria del servicio de limpieza de edificios públicos y centros docentes ha forzado la paralización del proceso de adjudicación del nuevo contrato de gestión —valorado en 3,6 millones de euros— al impugnar los pliegos de condiciones. Es la segunda vez que la empresa recurre la licitación, iniciada en primera instancia en mayo de 2015 por la anterior corporación municipal del PP, ante la caducidad inminente de la concesión.
En aquella ocasión, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales falló a favor de la constructora y anuló el procedimiento de adjudicación en virtud de una cláusula que exigía a las empresas aspirantes disponer de un garaje-almacén en Xàtiva y de un centro de trabajo con oficinas en el casco urbano de la ciudad, una condición «discriminatoria» que, a juicio de FCC, vulneraba el principio de igualdad de trato.
El nuevo gobierno de izquierdas se vio obligado a reformular los pliegos de contratación para ajustarlos a la resolución del tribunal. A finales de noviembre, el pleno municipal acordó por unanimidad volver a sacar a licitación el servicio por procedimiento abierto. Se trataba del primer contrato en el que el tripartito introducía cláusulas sociales.
La firma fue sancionada en marzo
Además de impugnar de nuevo los pliegos, FCC pide una prórroga de dos años para continuar con la concesión, una opción que la regidoría de Medio Ambiente rechaza en virtud del criterio de los técnicos. Desde el departamento señalan que la moratoria exigida por la empresa sería «ilegal» porque el contrato con FCC expiró en julio. Ambas partes están a la espera de que el tribunal de competencia resuelva el último recurso de la firma y dictamine si se desbloquea el proceso. De momento, FCC continúa prestando el servicio medio año después de caducar su contrato, pero el consistorio tiene intención de reactivar la nueva adjudicación. La constructora se ha mostrado muy combativa en los tribunales desde que, en 2012, fue apartada por Rus de la recogida de la basura y la limpieza viaria. Como concesionaria de la limpieza de edificios, fue multada por el ayuntamiento en 2015 con 15.000 euros por incumplir el contrato.
